Corte Internacional de Justicia señala día del fallo en el caso Gambia vs. Myanmar

La Corte Internacional de Justicia emitió esta semana un comunicado, donde informa que el fallo del caso Gambia vs. Myanmar se dará el próximo 23 de enero. Gambia, un pequeño país del norte de África de mayoría musulmana, presentó en noviembre pasado el caso de los rohingya ante la Corte Internacional de Justicia, el principal organismo judicial de las Naciones Unidas.

En este solicita medidas provisionales con respecto a las acciones llevadas a cabo por el ejército de Myanmar contra la minoría musulmana rohingya, que ha obligado a miles de personas a migrar hacia la vecina Bangladesh. 

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver, on Thursday 23 January 2020 at 10 a.m. (The Hague), its Order on the request for the indication of provisional measures made by The Gambia in the case of #TheGambia v. #Myanmar https://t.co/m1qiHpQ3ok pic.twitter.com/JkkLScN1Io

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) January 15, 2020

Ataque de ARSA

El 09 de octubre de 2016, un grupo de insurgentes no identificados  atacaron tres puestos policiales birmanos a lo largo de la frontera entre Myanmar y Bangladesh. En este ataque morían nueve policías, mientras los rebeldes saqueaban balas, bayonetas y cartuchos de balas. 

El Ejército de Salvación Rohingya (ARSA) se atribuyó el ataque. Sin embargo, todo el episodio fue el punto de partida para que el ejército de Myanmar lanzara una operación masiva en Rakhine que ha dejado miles de desplazados en caóticos campos de refugiados en la vecina Bangladesh.

Gambia vs. Myanmar

El documento presentado por Gambia de 46 páginas tiene como finalidad pedir a la Corte Internacional que se protejan los derechos de los rohingya. Mientras, acusa al Gobierno de Myanmar de haber cometido actos que violaron de manera manifiesta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. 

Ante esta acción por parte del Gobierno de Gambia, Aung San Suu Kyi -consejera de Estado de Myanmar y premio Nobel de la Paz 1991-defendió el pasado diciembre a su país ante la CIJ, señalando que Myanmar investiga, persigue y castiga activamente a los oficiales acusados por delitos asociados al caso rohingya. 

Señala que en caso de que se hayan cometido delitos -como el uso desproporcionado de la fuerza, violación de los derechos humanos, fallas para prevenir los saqueos de bienes o su destrucción o desplazamiento forzado de civiles-, estos serán juzgados por la justicia militar de Myanmar de acuerdo con la Constitución de ese país. Y agrega, que en todo caso se juzgarán bajo la ley internacional humanitaria o la convención sobre los derechos humanos, pero no bajo la Convención de Genocidio de 1948. 

“Mientras la atención está en Aung San Suu Kyi, recordemos que con esta denuncia se trata de obtener justicia para la comunidad rohinyá” @bequelin

👉 No se le puede restar importancia a la gravedad de los crímenes cometidos en #Myanmarhttps://t.co/R8IP5PEQcF

— amnistia . org 🕯 (@amnistia) January 13, 2020

Campaña de odio contra los rohingya

El documento presentado por Gambia es un reporte pormenorizado de las actuaciones del Estado de Myanmar contra esta minoría. Abarca antecedentes, privación de derechos fundamentales y propaganda que incita al odio contra los rohingya como grupo. 

“Esta campaña ha sido el trabajo de algunos actores claves: partidos políticos nacionalistas y políticos, monjes, académicos, personas destacadas y miembros del Gobierno. Esta campaña de odio, que continúa hasta nuestros días, retrata  al rohingya y otros musulmanes como una amenaza existencial para Myanmar y para el budismo. En el caso de los rohingya ha ido un paso más allá. Está acompañada por un lenguaje deshumanizante y marca a toda la comunidad como «inmigrantes ilegales bengalíes», señala el documento. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, la violencia que estalló en Rakhine, estado de Myanmar, desató una crisis humanitaria que ha causado un sufrimiento a escala catastrófica. De hecho la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó a finales de diciembre pasado una resolución que condenaba el abuso contra los derechos humanos de los rohingyas y otras minorías en Myanmar. 

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