El Gobierno le hace remiendos al ingreso mínimo vital, pero sigue sin avanzar

Atacar las consecuencias, en lugar de las causas, es una vieja práctica que los gobiernos utilizan, no para resolver las crisis económicas, sino para evadir la responsabilidad y hacer creer que trabaja en la solución de los problemas. Es lo que se hace cuando, por ejemplo, se establecen controles de precios en lugar de propiciar el aumento de la producción y de la rentabilidad. Lo mismo cuando se congelan los precios de los alquileres en vez estimular la oferta de viviendas. El ingreso mínimo vital, el programa bandera del Gobierno de coalición para afrontar la crisis generada por la pandemia y otras carencias estructurales, parece apuntar en esa misma dirección.

El ingreso mínimo vital es una renta básica dirigida a los hogares en una situación de «pobreza severa», que alcanzan un 20%. En España hay 1,1 millones de hogares con todos sus miembros en paro y casi 600.000 sin ningún tipo de ingreso.

Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos. El Gobierno lo define como un derecho subjetivo de la ciudadanía, cuya disponibilidad se garantiza para quien lo necesite. Es una medida económica para ampliar las ayudas y paliar los efectos de la parálisis económica. Es, pues, en esencia, una forma, no de solucionar las causas, sino paliar los efectos.

Un fuerte efecto en España

Mientras el mundo comienza a recuperarse tras la crisis económica producto de la pandemia, el caso de España sigue siendo preocupante. Entre los miembros de la OCDE, únicamente la economía de Argentina tendrá un peor desempeño que la de España. Las restricciones y la interrupción continua de los viajes y el turismo serán un lastre para la recuperación. Sin duda alguna, la tasa de desempleo se mantendrá alta.

Las proyecciones del Banco de España son igualmente modestas. Para 2020 la contracción alcanzará más de un 10% y el crecimiento no llegaría al 8%. El Fondo Monetario Internacional calcula que la economía española se contraiga un 12,8%, la mayor entre las economías desarrolladas.

Las principales causas de la debacle española ante el avance de la pandemia son estructurales. Tiene que ver con factores como su alta dependencia del turismo y la elevada informalidad laboral. En 2019 el turismo le aportó a España el 12,35% del producto interior bruto. Pero el sector ha sido muy golpeado por la pandemia, al igual que los servicios, que requieren contacto personal. En cambio, sectores como la industria y las tecnológicas se han recuperado más rápidamente.

Una de las recomendaciones de los expertos es que el capital y los trabajadores deben pasar de las partes dañadas de la economía a los sectores que están creciendo. Si bien esto no sucederá lo suficientemente rápido como para evitar que aumente el desempleo, se debe permitir que las empresas se reestructuren rápidamente y brinden apoyo salarial y capacitación a los trabajadores.

Lo que se ha hecho hasta ahora

A la fecha, las medidas del Gobierno de España han ido en la línea de paliar los efectos de la crisis, más que en atacar las causas. Por ejemplo, se establecieron varias ayudas al alquiler, como renovación automática de los contratos. Las medidas ha sido extendidas varias veces. La más reciente permite que estén en vigor hasta el 9 de mayo,.

También se extendió hasta mayo de 2021 el plazo para solicitar microcréditos sin intereses, avalados por el Estado, para el pago del alquiler de vivienda. Además está en vigor el Plan Estatal de Vivienda, que se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022. Igualmente, se aprobó la suspensión de los desahucios de alquiler de familias sin alternativa habitacional y del corte de suministros (luz, agua y gas) a la población vulnerable y a personas en riesgo de exclusión social.

Otras medidas incluyen avales de créditos ICO, préstamos para el plan MOVES, o subsidios para los parados. Todas estas iniciativas buscan reducir el impacto, sin atender las causas.

El #CMin ha aprobado medidas muy relevantes: La extensión hasta el 31 de mayo de ERTE y ayudas a autónomos, la revalorización de pensiones y la prórroga de la cláusula de salvaguarda. Seguimos centrados en proteger a trabajadores y empresas y comprometidos con los pensionistas pic.twitter.com/Z3J5KRiEW5

— José Luis Escrivá (@joseluisescriva) January 26, 2021

El ingreso mínimo vital en las letras chiquitas

En este entorno, la «joya de la Corona» en las medidas del Gobierno de coalición es el Programa del Ingreso Mínimo Vital. La ayuda experimentará una subida del 1,8% durante el 2021. Sin embargo, sus efectos se han quedado cortos.

Inicialmente, estaba previsto que la prestación llegara a 850.000 hogares. No obstante, los datos oficiales ubicaban la cifra total en apenas 160.000 hogares para el mes de diciembre. Es decir, se ha cubierto menos del 20% de la meta. Y mucho menor el porcentaje si se toma en cuenta que 100.000 fueron asifnadas por vía de oficio.

Las críticas al ingreso mínimo vital han sido particularmente fuertes en algunas regiones. En Málaga, Carolina España, diputada nacional por el Partido Popular, denunció esta semana que desde el 17 de diciembre el número de beneficiarios en esa región no se ha modificado. Esto quiere decir que suman 40 días sin que el Gobierno haya concedido el alta a una solicitud en ese municipio. Pero en ese período, el número de solicitudes locales se incrementó en más de 3.000.

➡️ @CarolinaEspanaR denuncia la dejadez del Ejecutivo en torno a una medida “que demuestra dos cosas: la política social de Sánchez es fachada y este Gobierno es incapaz de gestionar”

— PP Málaga (@PPMalaga) January 26, 2021

Para Carolina España, la situación pone en evidencia que «la política social de Pedro Sánchez es pura fachada y este Gobierno es incapaz de gestionar».

Del mismo modo, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), calificó como un «timo» el ingreso mínimo vital impulsado por el Ejecutivo central. El funcionario aseguró que en Cádiz solo se ha atendido el 20% de las solicitudes. En Granada, el 18%.

Insistencia con el Ingreso Mínimo Vital

Pese a los modestos resultados, así como el hecho de que no resuelve el problema de fondo, el Gobierno insiste en el recurso del ingreso mínimo vital como su programa «estelar». De palabra, especialmente. Seguridad Social ha repetido que su objetivo es «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». El próximo pago del ingreso mínimo vital se realizará el lunes 1 de febrero.

En respuesta a las críticas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, informó que llevará al Consejo de Ministros varios cambios en el acceso a la prestación. El principal objetivo es intentar reducir el número de denegaciones de la ayuda, que se ha demostrado muy alto, extremadamente alto

Entre los cambios que se propondrán una modificación de los criterios de renta y patrimonio exigidos. Es en este punto donde reside el cuello de botella que ha ralentizado el avance de las ayudas. Claro, y la aplomada burocracia.

También se pretende facilitar el reconocimiento de unidades de convivencia. Otro foco de denegaciones que ha dejado por fuera a familias y ciudadanos que viven en centros sociales o que comparten vivienda entre varias personas.

El Gobierno de España vuelve a dejar tiradas a las comunidades autónomas.

Este Gobierno es el único que tropieza tres veces con la misma piedra, una por cada ola de esta pandemia. ⤵️ pic.twitter.com/DZqejzLE5S

— Elías Bendodo (@eliasbendodo) January 14, 2021

Una ayuda adicional

El ministro Escrivá dijo que presentará un complemento de las pensiones de maternidad. Estará destinada a reducir la brecha de género en las pensiones. Se aprobará primero en el Consejo de Ministros e irá al Congreso para su aprobación definitiva. Se trataría de modificar el actual complemento de entre el 5% y 15% de las prestaciones de jubilación que reciben, en el momento de su retiro, las mujeres que han sido madres de al menos dos hijos desde 2015.

En una entrevista concedida al espacio «Al Rojo Vivo», Escrivá explicó que la modificación permitirá que lo cobren también los hombres, aunque no simultáneamente. La ley determinará que se otorgue al miembro de la pareja de progenitores que más perjudicado se haya visto en su carrera laboral por el cuidado de los hijos, independientemente de si es el hombre o la mujer.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley, que incluye el acuerdo social alcanzado con los agentes sociales para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo.

Mientras, los especialistas recomiendan avanzar en medidas que resuelvan el problema estructural, como promover la transición hacia una economía más sólida y menos dependiente de los sectores más afectados por la crisis, como el turismo, la restauración y los servicios.

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