En Cataluña las energías renovables enfrentan la resistencia del sector agrario
El rechazo de los sectores agrario y rural viene a ser el más reciente en una serie de problemas que la transición a las renovables ha debido enfrentar en Cataluña / Foto: Pixbay

En Cataluña las energías renovables no cuentan con el apoyo del sector agrario

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Tiene que ponerse feo antes de ponerse bonito. Esta es una frase muy utilizada por los albañiles, que deben pasar por el duro proceso de destruir y reconstruir una estructura, para que recupere estética y valor. Pareciera que la transición a las energías renovables en Cataluña deberán pasar por el mismo tránsito. A una larga cadena de obstáculos, se suma ahora la reticencia de los sectores rural y agrícola, ante los avances de las energías limpias que se está dando en la región.

El sindicato Unió de Pagesos lidera la oposición de sectores agrícolas a que se sacrifiquen terrenos agrícolas para levantar plantas fotovoltaicas o aerogeneradores.

Los voceros de la organización afirman que estas iniciativas comportan “impactos severos” sobre los espacios agrarios. Por ello, abogan por un modelo energético “democrático, descentralizado y con participación del territorio”.

El decreto de la discordia

El Consell de Govern de la Generalitat de Cataluña aprobó en noviembre de 2019 un Decreto Ley de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. El texto eliminó las barreras administrativas para la implantación de eólica y fotovoltaica. Además, soluciona diversos aspectos de la Ley del Cambio Climático que habían sido declarados inconstitucionales.

El instrumento derogó el Decreto 147/2009, que limitaba la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en Cataluña. Estableció un nuevo procedimiento de tramitación más ágil. Para cumplir con los objetivos establecidos en la Ley del Cambio Climático, Cataluña necesita 4.000 MW eólicos y 6.000 MW solares fotovoltaicos instalados en el año 2030. Actualmente tiene 1.270 MW eólicos y 276 MW solares.

La norma modifica la Ley de urbanismo para simplificar la instalación de energías renovables en el ámbito urbano. La idea es favorecer la implantación de sistemas de autoproducción en los edificios y en el espacio público de las ciudades.

Esta nueva normativa está en línea con la declaración de emergencia climática emitida por el Gobierno y el Parlament de Catalunya. Su propósito es ayudar a definir un marco regulatorio adecuado para impulsar la instalación de proyectos de gran tamaño y de autoconsumo. Las autoridades han dicho que este es un elemento esencial para alcanzar los objetivos autonómicos fijados para 2030. Con base en ellos, las energías renovables tendrán que aportar el 50% de la demanda eléctrica de Cataluña.

Oposición de Unió de Pagesos

Sin embargo, Unió de Pagesos se opone a esta normatica. El sindicato considera que el Gobierno de la Generalitat no cumple con lo establecido en la Ley 16/2017 del cambio climático en cuanto a las medidas a adoptar en el ámbito de las energías renovables. Estas iniciativas estipulan que se debe priorizar la proximidad de la producción eléctrica de origen renovable a los centros de consumo.

Lejos de ello, consideran que el Decreto Ley 16/2019 ha provocado una avalancha de solicitudes de nuevas centrales eólicas y solares concentradas en comarcas que, en su mayoría, ya cuentan con una alta densidad de este tipo de instalaciones.

Unió de Pagesos dijo que se opone al modelo de concentración de parques solares y eólicos en suelo no urbanizable. A su juicio, estas iniciativas conllevan impactos severos en los espacios agrarios, al medio ambiente y al paisaje.

Aseguran que se generan graves consecuencias como afectaciones a parcelas agrícolas y a los sistemas de riego, entre otros.

“En este sentido, el sindicato exige al Gobierno ya los promotores de los proyectos que presenten los análisis de afectaciones de los espacios agrarios, pues hay que atender adecuadamente a todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”.

Proyectos en ciernes

De los 424 nuevos aerogeneradores previstos, 165 se ubicarían en el Ebro, 106 en las comarcas de Lleida, 90 en Tarragona y 63 en las comarcas centrales. En cuanto a las 710 nuevas hectáreas de fotovoltaica: 573 emplazarían en Lleida, 54 en las comarcas centrales, 40 en el Ebro, 41 en Tarragona y 3 en Girona.

Unió de Pagesos “considera que si estos nuevos parques acaban instalando en las zonas ya masificadas por estas instalaciones, les será imposible optar a un modelo energético alternativo, más democrático, colaborativo e implicado en el territorio, como prevé la ley de transición energética que está redactando el Gobierno catalán”.

Alternativa para la transición

El sindicato reconoce la necesidad de avanzar en la implantación de las energías renovables “pero no de cualquier manera”. Abogan por una transición hacia un modelo energético basado en las energías renovables, con una planificación que priorice la proximidad de la producción eléctrica de origen renovable a los centros de consumo, que evite la concentración de infraestructuras en un espacio limitado.

En este sentido, defiende un modelo basado en instalaciones de dimensión más pequeña, con un desarrollo relevante del autoconsumo y la generación distributiva. Sostienen que se debe priorizar la instalación de placas solares, preferentemente en los techos de las edificaciones existentes y en zonas urbanizadas, y que tengan realizada la conexión a la red “para minimizar el impacto sobre el territorio de las líneas de evacuación”.

Cadena de obstáculos

El rechazo de los sectores agrario y rural viene a ser el más reciente en una serie de problemas que la transición a las renovables ha debido enfrentar en Cataluña. En los últimos 10 años, el sector de las energías verdes estuvo en medio de un colapso.

A juicio de las empresas del sector, el decreto de implantación de las energías renovables del 2009, fue responsable de la paralización de los nuevos proyectos de fuentes limpias.

Las asociaciones señalaban que el referido decreto imponía condiciones tan draconianas, que en la práctica imposibilita la implantación de los nuevos proyectos, como sí ha ocurrido en otros puntos del estado español.

Muchos de estos problemas se venían a resolver precisamente con el nuevo decreto del año pasado. Por ello, las empresas del sector recibieron con beneplácito la nueva norma aprobada en noviembre pasado.

La posición de rechazo del sindicato Unió de Pagesos le suma un nuevo elemento de distorsión al proceso. La novela de desencuentros en el tránsito de Cataluña hacia las energías renovables para estar lejos de terminar.

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Sobre Dimas Ibarra

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Venezolano, radicado en Venezuela. Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactor jefe de la sección de energías fósiles y renovables, para las versiones digitales e impresas de Cambio16 y Energía16. Redactor de la revista Cambio Financiero. Amplia experiencia como periodista y productor audiovisual, en la Industria Petrolera y diversos medios y agencias de comunicación. Asesor en el área de comunicación organizacional y vocería. Membresía: Asociación de Revistas ARI, Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela (SNTP).

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