ESG, una filosofía de inversión global

Deepshikha Singh /Directora adjunta de Stewardship de La Française

En 2022, la ESG (‘environmental, social and governance‘) siguió estan­do en el punto de mira. Da­das las turbulencias econó­micas, la guerra en Ucrania, la inflación persistentemen­te alta y los cambios en el sentimiento de los inverso­res, políticos y reguladores en todo el mun­do, el espacio de los activos ESG se ha vis­to empañado por noticias, controversias y debates.

Como inversores sostenibles, nos encontramos, por así decirlo, entre la es­pada y la pared (rentabilidad de los fondos y generación de alfa). En 2023, esperamos que el término genérico ‘ESG’ se modifique por completo, adquiriendo un significado totalmente nuevo que vaya mucho más allá de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza tradicionales.

‘E’ DE EVOLUCIÓN, COMPROMISO Y MEDIO AMBIENTE

El término ESG fue objeto de debate duran­te 2022. Mientras que en Estados Unidos asistimos a una creciente reacción conservadora contra la inversión ESG, el aumento de los precios de la energía y los alimentos seguirá plan­teando la cuestión de la sostenibilidad fren­te a la seguridad en todo el mundo. Pero estos acontecimientos no tienen por qué conside­rarse vientos en contra para la inversión ESG.

Es, por el contrario, el catalizador que necesi­tamos para el cambio. El ESG debe evolucio­nar de una estrategia de nicho a una filosofía de inversión global. En 2023, esperamos que los gestores de activos, las empresas y los re­guladores amplíen el alcance del ESG y sigan aplicando la normativa.

Este año prevemos que los inversores se centren cada vez más en el compromiso y la gestión. Los inversores deben actuar como socios de las empresas en las que in­vierten para generar un impacto significativo en la rentabilidad global y el valor de la carte­ra. Un obstáculo importante para que los in­versores ejerzan eficazmente su influencia como propietarios activos y generen valor a largo plazo es la escasez de recursos que el sector de la inversión dedica actualmente a la gestión.

Para hacer frente a este problema, los Principios de Inversión Responsable han puesto en marcha un “proyecto de dota­ción de recursos para la gestión” con el fin de investigar y evaluar el nivel adecuado de re­cursos que los inversores institucionales de­berían estar dispuestos a dedicar a las activi­dades de gestión y a abordar los problemas sistémicos de sostenibilidad. Debería contri­buir a aumentar el número de iniciativas de colaboración que se lanzan para abordar es­tas cuestiones: PRI Advance (derechos hu­manos), Nature Action 100 (biodiversidad).

El concepto de sostenibilidad medioam­biental ya no es sinónimo de cambio climá­tico. Ahora se acepta comúnmente que la ac­ción climática está condenada al fracaso a menos que se aborden las externalidades ne­gativas sobre la biodiversidad, el agua y los residuos (economía circular). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad celebrada en diciembre puso a la naturaleza en el punto de mira, mientras que la COP27 dedicó días específicos a cuestiones relacio­nadas con la biodiversidad y el agua.

Las se­siones segunda y tercera del Comité Inter­gubernamental de Negociación para elaborar un instrumento internacional jurí­dicamente vinculante sobre la contamina­ción por plásticos tendrán lugar en 2023 con el objetivo de entregar el documento a finales de 2024. Esperamos que se reorienten más inversiones hacia el capital natural y las es­trategias de economía circular y su interac­ción con la transición climática.

‘S’ DE ODS, SOLIDARIDAD Y SOCIAL

La comunidad inversora busca comprender cada vez más los impactos –tanto positivos como negativos– que puede generar con res­pecto a los Objetivos de Desarrollo Sosteni­ble de la ONU. Aunque el objetivo de la inversión de impacto es lograr un rendi­miento social positivo además del financiero, la inversión tradicional también puede tener impactos positivos y negativos.

La consecu­ción de los ODS de la ONU no es posible úni­camente a través de la inversión de impacto, por lo que es vital que la financiación mix­ta desempeñe un papel en la consecución de estos objetivos. Es probable que en 2023 haya un mayor reconocimiento de este hecho, y podemos esperar que más instituciones fi­nancieras incorporen el análisis cuantitati­vo de los ODS como parte de sus estrategias de ESG.

Alrededor del 40% de los inverso­res dan prioridad a algún tipo de alineación con los ODS en sus carteras. La generación de alfa puede ir de la mano del suministro de instalaciones sanitarias en regiones desaten­didas, infraestructuras de telecomunicacio­nes en zonas rurales y energía limpia en co­munidades sin conexión a la red eléctrica. Es posible que las calificaciones ESG de terceros no tengan necesariamente en cuenta el im­pacto positivo que una empresa tiene o po­dría tener en los ODS, por lo que es impor­tante que los gestores de activos desarrollen la capacidad de reconocer e identificar estas lagunas.

Tanto la COP27 como la COP15 reiteraron la importancia de compartir la responsabili­dad financiera de la adaptación climática en las comunidades más vulnerables (países en desarrollo-Sur Global) con aquellos países que han cosechado los beneficios económi­cos de la rápida industrialización (países de­sarrollados-Norte Global). La COP27 conclu­yó con la creación de un «Fondo de pérdidas y daños» para apoyar a los países vulnera­bles.

El secretario general de la ONU, Anto­nio Guterres, ha estado impulsando «un Pacto de Solidaridad Climática, en el que todos los grandes emisores hagan un esfuerzo adicio­nal para reducir las emisiones esta década de acuerdo con el objetivo de 1,5 grados y garan­ticen el apoyo a quienes lo necesiten».

La co­munidad internacional lucha por restablecer la confianza con el Sur Global, que se siente algo traicionado dado que las naciones desa­rrolladas ni siquiera han cumplido el objeti­vo de financiación climática de 100.000 mi­llones de dólares.

Los países emergentes con recursos de combustibles fósiles dejarán de percibir ingresos vitales por sus exportacio­nes debido a la transición climática, y es jus­to que esto se tenga en cuenta en las negocia­ciones sobre el clima. Al entrar en el tercer año de la «Década de Acción», es importante que los flujos financieros públicos y privados se reorienten hacia la ejecución de proyectos de transición en todo el mundo.

Los elementos sociales de la inversión sos­tenible han cobrado cada vez más importan­cia en los últimos años. Las cuestiones de di­versidad, igualdad salarial y salud y seguridad ocupan un lugar destacado en los compro­misos y las propuestas de los accionistas du­rante las juntas generales anuales.

Las cuestiones de seguridad son un tema clave para sectores estratégicamente importantes para la transición climática, como la minería y las energías renovables. Con el lanzamien­to de PRI Advance en diciembre, en 2023 es­peramos ser testigos de una mayor atención a las cuestiones de derechos humanos.

En la Unión Europea, una nueva propuesta de re­glamento podría obligar a todas las empresas con al menos 100 empleados a informar so­bre sus diferencias salariales entre hombres y mujeres cada tres años, y anualmente en el caso de las empresas con 250 empleados o más. En conjunto y por un mismo trabajo, las mujeres ganan de media un 13% menos que los hombres. Esperamos que el creciente in­terés por estos temas conduzca a un com­promiso más efectivo y a una mayor transpa­rencia entre empresas e inversores.

‘G’ DE GREENWASHING, BRECHAS Y GOBERNANZA

Con el aumento de la brecha mundial de emisiones, en 2022 comenzaron las medi­das drásticas contra el greenwashing o la­vado verde, que probablemente continuarán en 2023. Los gestores de activos europeos se vieron obligados a reclasificar fondos ante la incertidumbre que rodeaba a la normativa SFDR (Reglamento de Divulgación de las Fi­nanzas Sostenibles).

En noviembre de 2022, la ONU publicó un informe con recomenda­ciones sobre cómo prevenir y evitar el lava­do verde, al que tanto las empresas como las instituciones financieras tendrán que pres­tar mucha atención. Reino Unido y la UE es­tán llevando a cabo de forma independiente un periodo de consulta sobre el greenwas­hing, que comenzó en enero. La Autori­dad de Conducta Financiera del Reino Uni­do (FCA) inició su periodo de consulta sobre el greenwashing el 25 de enero de 2023 y publicará sus conclusiones antes del 30 de junio de 2023. En Europa, la Autoridad Eu­ropea de Supervisión publicó una «Convo­catoria de pruebas» sobre el greenwashing cuyo objetivo es identificar los principales problemas, riesgos e impulsores.

El informe final se publicará en mayo de 2024. Mientras tanto, cabe esperar más acusaciones de lavado verde. Todas las em­presas que cotizan en mercados regulados de la UE empezarán a aplicar la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporati­va, que dará a los gestores de activos una mayor claridad sobre los resultados de sostenibilidad de las empresas.

A pesar de las promesas realizadas en la COP27 y la COP15, en general, la batalla para limitar las emisiones a un aumento de 1,5 grados por encima de los niveles prein­dustriales, sigue «avanzando en la dirección equivocada». Los déficits de financiación si­guen frenando la acción por el clima. Las necesidades mundiales de infraestructuras ecológicas ascienden a unos 5.000 millo­nes de dólares anuales, pero solo se dispo­ne de 384.000 millones.

En un informe de la Fundación Rockefeller, en coordinación con Boston Consulting Group, se señala que se necesitan unos 3.400 millones de dólares anuales para financiar la mitigación del cam­bio climático entre 2020 y 2025. Si se ex­cluye a China de los cálculos, las economías en desarrollo también necesitan unos 1.000 millones de dólares anuales en financiación para el clima.

Sin embargo, los datos sugie­ren que actualmente solo reciben el 27% de ese objetivo. Lo mismo ocurre con la biodi­versidad, para la que se calcula que las ne­cesidades de financiación ascienden aproxi­madamente a 800.000 millones de dólares anuales, frente a un gasto mundial estimado actual de 100.000 millones de dólares.

La gobernanza seguirá siendo una cues­tión clave en 2023, pero su definición y al­cance se están revisando. Los inversores van más allá de los criterios de estructura e in­dependencia de los consejos y exigen más transparencia en temas como la remunera­ción, los perfiles de los consejeros (edad, ex­periencia, permanencia en el cargo) y la res­ponsabilidad de los consejos en cuestiones medioambientales y sociales. La remunera­ción de los ejecutivos fue objeto de análisis durante la pandemia, cuando las diferencias salariales entre CEO y trabajadores aumen­taron exponencialmente.

Según una encues­ta de la London Business School, el 77% de los inversores de renta variable británicos comparten la creencia de que la remunera­ción de los CEO del FTSE 100 es demasia­do elevada. Mientras que los salarios de los empleados han aumentado muy lentamen­te en las últimas décadas, la remuneración de los consejeros delegados se ha disparado hasta multiplicar por 399 la de sus emplea­dos en 2022, según Financial Times.

Los in­versores y los asesores de voto por delega­ción están adoptando una postura más dura frente al «over-boarding», es decir, cuando un miembro del consejo de administración o un alto ejecutivo se compromete en exceso. Los inversores exigen cada vez más a los conse­jeros que rindan cuentas sobre los resulta­dos de sus empresas en materia de sosteni­bilidad.

Las propuestas «Say on Climate» han proporcionado a los accionistas una nueva y sólida herramienta para que la dirección y los consejos rindan cuentas de las estrategias y planes de gestión del riesgo climático de la empresa. Las expectativas tanto de los con­sejos de supervisión como de los ejecutivos sobre cuestiones de gobernanza más amplias seguirán aumentando.

Alex Edmans, catedrático de Finanzas de la London Business School y uno de los prin­cipales autores sobre temas de sostenibili­dad, escribió el pasado septiembre en su ar­tículo titulado «End of ESG» (el fin de la ESG): «ESG es a la vez extremadamente importan­te y nada especial. Tener en cuenta factores a largo plazo al valorar una empresa no es in­vertir en ESG; es invertir».

En 2022, la inte­gración de criterios ESG se convirtió en la co­rriente dominante. En 2023, creemos que las «inversiones sostenibles globales» adquirirán una nueva dimensión. Más allá de la simple integración de las consideraciones ESG en la construcción de carteras, los inversores se verán obligados a considerar la profundidad y amplitud de los impactos de sus inversio­nes en la sociedad y el medioambiente.

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