El Govern aprobó un decreto ley que contempla un suplemento de crédito por 814 millones de euros destinados a cancelar las nóminas de los trabajadores públicos hasta final de año. Y con ello paralelamente reintegrar una parte de la paga extra pendiente.
Los recursos le permitirían cubrir los aumentos retributivos de los últimos dos años. Igualmente el 40 por ciento de la controvertida paga extra correspondiente al año 2013. Con ellos el Ejecutivo de Joaquim Torra aspira sufragar parte importante de los 700 millones que reclama desde hace semanas por entregas a cuentas a las comunidades autónomas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se había comprometido a hacer efectivo el abono antes de las elecciones generales, pautadas para este 28 de abril.
Ciertamente hace aproximadamente un mes Montero aseguró que serían desbloqueados cerca de 7 mil millones de euros después de improbarse los presupuestos generales del Estado. Esgrimió que se presentaron problemas técnicos que impedían abonar el monto correspondiente. Adelantó que se estaba en conversaciones con la Abogacía del Estado para hacer efectivo el abono.
#Vicepresident @perearagones: “1265 milions són les partides pressupostàries que són necessàries per atendre nous compromisos de despesa i que formaran part del Pla de contingència" @vicepresicat pic.twitter.com/Wpmr2OY069
— Govern. Generalitat (@govern) April 2, 2019
Para el Govern el abono es una obligación del Ejecutivo de Sánchez
Por su parte el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, acusó a Montero de «hacer de ministra Montoro» con los anticipos a las comunidades, en referencia a su antecesor Cristóbal Montoro, del PP. Le recordó que ella mantenía las mismas posturas que él cuando fue consejera de economía de Andalucía. Le indicó que el Gobierno tiene la obligación de actualizar el modelo de financiación. Esto a pesar de haberse prorrogado también las cuentas. Le avisó que de no hacerlo, el gobierno de Pedro Sánchez incumpliría con Catalunya, con “todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos del Estado”. Y además de con la Ley de Financiación de las Comunidades (Lofca).
Según el Govern, el decreto que aprobó será consignado en el Parlament para su convalidación. Anuncia que este permitirá habilitar los créditos necesarios para cubrir el mayor gasto de personal generado en los dos últimos ejercicios. El mayor gasto se debe, entre otros conceptos, al aumento de las dotaciones de médicos y docentes. Así como el incremento de las retribuciones de los trabajadores públicos acordadas por el Gobierno del Estado para 2017, 2018 y 2019, del 1%, el 1,9% y el 2,5%, respectivamente.
▶El #Govern aprova concedir un suplement de crèdit de 814 milions d’euros per atendre noves despeses @vicepresicat pic.twitter.com/cDfl7P8YJ0
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Govern sostiene que es un plan de contingencia para el bienestar
En cuanto al financiamiento del crédito solicitado, el Govern anuncia que se cargarán, por un lado, a los adelantos correspondientes al sistema de financiación del año 2019 (573 millones). Y por el otro a la cuenta del Fondo de Facilidad Financiera (241 millones). Es decir, del objetivo de déficit autorizado para 2019 por -0,1% del PIB.
Aragonès también comentó que el decreto del Govern constituye la primera fase del plan de contingencia que permite seguir gobernando pese a tener los presupuestos prorrogados. Esto “a diferencia del Estado, que ha decidido convocar elecciones”, apuntó la portavoz Meritxell Budó.
El vicepresidente catalán subrayó que se trata de la inyección de 814 millones adicionales para mejorar el estado del bienestar en Catalunya. Con énfasis en la enseñanza y la sanidad. Pero que “vendrán más actuaciones”, aunque “no será posible hacerlo todo porque un presupuesto no se aprueba por fascículos”, precisó.
En los “martes sociales” del Govern
La medida es parte de los llamados “martes sociales”. Esta alude a los “viernes sociales” del Gobierno socialista. Así los bautizó Torra para designar las medidas con carácter social que pronto se aprobarán en Consell Executiu.
Aragonès aclaró que el decreto entrará en vigor “esta semana”, luego de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Aunque deberá convalidarse en el Parlament. Y que si la cámara catalana no convalida el decreto, “no dirán que no al Govern, sino a los ciudadanos de Catalunya”.
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