Por Efe
13/08/2016
La Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ha ratificado la sentencia contra Leopoldo López, el político preso más emblemático del antichavismo, condenado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por la violencia desatada en una protesta antigubernamental.
«La sentencia condenatoria fue confirmada en iguales términos. Ya es oficial», informó el abogado defensor del político opositor venezolano, Juan Carlos Gutiérrez, en un mensaje en Twitter.
«Esta sentencia reproduce o reedita los mismos vicios de la sentencia en primera instancia en cuanto al manejo inadecuado e irregular de las pruebas, la aplicación de delitos que nunca fueron acreditados e inexistentes, la alteración por completo de la verdad verdadera y la verdad procesal», indicó Gutiérrez.
La condena, que fue dictada por un tribunal en septiembre de 2015, había sido apelada por la defensa del fundador del partido Voluntad Popular (VP) hace tres semanas en una audiencia que se extendió cerca de 15 horas.
La defensa llevaba casi una semana esperando la respuesta del tribunal que debía darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la audiencia de apelación, pero que se retrasó porque la corte que lleva el caso no celebró la sesión durante varios días por lo que el plazo se extendió.
López fue sentenciado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio con relación a los hechos violentos originados al final de una marcha antigubernamental convocada, entre otros, por él, el 12 de febrero de 2014.
Este pronunciamiento no era solo la segunda oportunidad de López de salir en libertad, era también la antepenúltima oportunidad de que su sentencia fuera anulada, o que fuera reducida la pena que cumple confinado en una prisión militar en las afueras de Caracas bajo un estricto régimen de visitas.
Ahora el opositor deberá acudir a la Sala de Casación de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la última instancia en materia penal para revisar su sentencia, una acción que sus defensores ejecutarán en los próximos días, después de hacer una «revisión exhaustiva» de la copia del acta.
Para este recurso extraordinario la defensa tiene 15 días después de que se informe a Leopoldo López de la sentencia lo que, según el líder del equipo de defensa de político, debe hacerse entre el próximo martes o miércoles.
El recurso podría llevar a que la Sala de Casación anule la sentencia o en caso contrario la ratifique como «definitivamente firme». A este punto, el opositor quedaría con un recurso «extraordinario» que es el de solicitar una «revisión» de la Sala Constitucional, esta sí, la última instancia a la que podrían acudir.
«Pero en paralelo ya estamos anunciando que presentaremos el caso de fondo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque aquí debe haber una revisión de la comunidad internacional», agregó.
La misma suerte corrieron los estudiantes que fueron juzgados con López, también por la violencia en esa manifestación, excepto para Demian Martín, a quien la Corte de Apelación le redujo la condena de cinco a tres años, pero para Ángel González, Christian Holdack, fueron ratificadas penas de cuatro años y medio, y diez años respectivamente.
La decisión provocó de inmediato la reacción de los opositores y expresado a través de la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que repudió «la ilegal, injusta e inmoral sentencia».
«Ya el país y el mundo saben que el juicio contra López fue una mascarada pseudo-judicial«, indicó la MUD en un comunicado para referirse a la declaración hecha por uno de los fiscales que llevó la acusación contra López, Franklin Nieves, poco después de que el político fuera condenado en primera instancia.
«Esta insólita decisión de la Corte de Apelaciones exhibe ante los venezolanos y ante la comunidad internacional una verdad clara: en la Venezuela actual la denegación de justicia no es una «falla del sistema», un «accidente procesal», sino el resultado esperado de un sistema judicial diseñado no para administrar justicia sino para aplicar venganzas», añade la MUD.
Los opositores que promueven actualmente un referendo para revocar el mandato de Maduro resaltaron esta decisión como «una nueva provocación al pueblo, una agresión a la paz y un fallido intento del gobierno por desmoralizar a los ciudadanos».
A esto prometen que la respuesta será, «muy por el contrario, incrementar la lucha, acentuar la legítima presión social para lograr el cambio político urgente», y, señalan, una razón más para que los opositores se sumen a la «Toma de Caracas», una movilización que promueve la MUD para el 1 de septiembre.
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