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Por Efe
03/06/2016
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentación relacionada con la denominada “Lista Falciani”, han informado a EFE fuentes de la investigación.
La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC Fuentes jurídicas han añadido que el requerimiento se refiere a determinadas cuentas corrientes de las que el juez De la Mata ha pedido información en sus pesquisas sobre la “Lista Falciani”, que se encuentran bajo secreto de sumario.
En un comunicado, el Banco de Santander ha asegurado que “está prestando y prestará en todo momento toda su colaboración” con la investigación, y ha añadido que está “suministrando todos los datos disponibles” requeridos por la Guardia Civil, con lo que aleja la sombra de un posible registro.
El informático Hervé Falciani es conocido por la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.
Los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron detectados, gracias a Falciani, por la Justicia francesa y enviados a los países con los que el Estado galo tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España. Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.
Precisamente en este marco, De la Mata ha levantado este viernes el secreto de sumario sobre cuarenta piezas separadas de delitos contra la Hacienda Pública, cometidos por personas o grupos familiares, y los ha remitido a juzgados repartidos por la geografía española salvo Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.
En su decisión, el magistrado, que mantendrá en la Audiencia Nacional la pieza principal de blanqueo, ha argumentado que por las cuantías supuestamente defraudadas, la competencia debe recaer en los juzgados del lugar en el que residían los investigados en junio de 2008, momento de la consumación del fraude.
Sobre María Jesús Hernández
