La UE aumenta la vigilancia en la liquidez bancaria de Italia
La sede de Monte dei Paschi en Siena, Italia. REUTERS/Stefano Rellandini
Supervisores de la Unión Europea (UE) aumentaron la vigilancia en los niveles de liquidez bancaria de Italia. La medida se produce luego del fuerte aumento de la deuda pública de Roma.
Una fuente de la UE declaró a Reuters que el monitoreo se están llevando «más intensamente de lo habitual», debido a la agitación del mercado en los últimos días. Las labores que realiza el bloque comercial abarcan los depósitos de los clientes y el mercado interbancario que las entidades utilizan para prestarse entre sí, sin solicitar garantías.
Sin embargo, destaca que «no se han detectado señales de alarma».
Bancos italianos vulnerables ante la deuda
El Banco Central de Europa junto con los supervisores nacionales, se encargan de examinar las condiciones de liquidez en las entidades de crédito. Estas actividades incluyen la frecuencia y profundidad en los períodos volátiles del mercado.
Los anuncios económicos del actual Gobierno populista de Italia y su choque con las autoridades de la UE, elevaron el coste de la deuda de referencia a 10 años al 3,72 por ciento. La cifra representa el valor más alto desde febrero de 2014. Asimismo, las acciones del sector bancario han sufrido una recesión en los últimos meses.
Los problemas de deuda soberana afectan a los bancos de la nación, que tienen alrededor de 375.000 millones de euros en bonos nacionales. En este sentido, el aumento de los índices que perjudican el valor de esas inversiones, afectan a su vez sus niveles de capital.
El vicepresidente italiano, Matteo Salvini, reiteró este miércoles que no cederán ante la presión de la UE y los mercados financieros para dar marcha atrás a sus planes de aumentar el gasto y el déficit presupuestario.
«Algunas grandes instituciones financieras» están «apostando a que Italia va a dar marcha atrás. Se equivocan», sostuvo.
El Gobierno del territorio romano anunció el pasado mes que establecería un nuevo objetivo de déficit público en 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para los próximos tres años. Una medida que despertó la preocupación de la Comisión Europea.
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