Amnistía Internacional: El confinamiento aumentó la violencia contra niñas y mujeres

Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Planificación de la Familia y Women’s Link Worldwide diseñaron y publicaron una hoja de ruta dirigida a los gobiernos de Europa para que protejan los derechos de las niñas y mujeres afectadas por la violencia de género durante la pandemia de la COVID-19.

Las tres organizaciones aseguran que el episodio pandémico ha incrementado la inseguridad y violencia contra las mujeres en Europa. Las mujeres y las niñas son afectadas desproporcionadamente por la pandemia, especialmente las que padecen «formas interrelacionadas y persistentes de discriminación».

Un llamamiento a los gobiernos

Las ONG instan a que se garanticen y respeten los derechos de las mujeres durante y después de la crisis sanitaria. Una de cada cinco mujeres en Europa padecía en el hogar antes de la COVID-19 la violencia ejercida por la pareja.

El confinamiento para controlar la transmisión del virus expone a las mujeres y a las niñas a peores riesgos de abuso en el seno familiar, a través de las parejas u otros miembros de la familia.

A pesar de que algunos países europeos han tomado medidas, no han sido suficientes para frenar el monstruo de la violencia en el confinamiento. De acuerdo con el comunicado de las tres organizaciones, las llamadas de emergencia en Europa han aumentado en un 60%, comparadas con 2019.

También hay un descenso en las denuncias sobre la violencia de género. Hecho que sugiere que las mujeres y las niñas viven bajo el mismo techo que su maltratador, lo que las limita que los denuncien.

La #COVID19 pone a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de violencia y discriminación en Europa.➡️ Ahora más que nunca, los gobiernos deben garantizar su protección: https://t.co/nn1yTEHs8h
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— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) May 26, 2020

Garantizar los derechos de las niñas y mujeres

Una guía para Europa: protegiendo los derechos de las niñas y mujeres en tiempos de COVID-19 señala las medidas que los estados deben tomar en caso de un incremento en los reportes asociados a la violencia de género. Algunas medidas son:

• Las autoridades judiciales deben asegurarse de que tanto las mujeres en riesgo, las supervivientes de violencia sexual y doméstica como sus hijos cuenten con un acceso efectivo a la justicia.
• Tanto las autoridades nacionales como locales deben garantizar servicios de apoyo como refugios y servicios de asesoramiento telefónico. De manera que las mujeres y niñas puedan acudir para mantenerse a salvo de sus maltratadores. Se propone que estos servicios sean públicos.
• Las organizaciones sugieren una especial atención a las necesidades de niñas y mujeres marginadas.
• Los servicios que se proporcionen deberían incluir asesoría legal, médica, psicosocial y económica.
• Se recomienda el establecimiento de servicios de alerta que permitan hacer denuncias sin que las mujeres y niñas sean descubiertas. Dan ejemplos como mensajes de textos, correos, chats el línea o el uso de palabras código en farmacias o tiendas para aquellas que no cuenten con Internet.
• Con respecto a las restricciones sobre viajes y movilidad, deberían contener excepciones para las supervivientes que escapan de situaciones de violencia o explotación.
• Los Estados deben proporcionar los recursos suficientes para los servicios de refugio y apoyo, además de reconocerlos como esenciales.

Una oportunidad…

La hoja de ruta para los gobiernos para la garantía y respeto de los derechos de las niñas y mujeres contiene más recomendaciones. Toca el ámbito de la salud sexual y reproductiva, el respeto de los derechos en el contexto de la migración y el acceso a la justicia.

Para la directora regional de Europa de Amnistía Internacional, Marie Struthers, «tiempos tan oscuros» como los de la pandemia representan una oportunidad para superar la desigualdad y la discriminación. El atropello de los derechos de las mujeres sucede ante las peores perspectivas económicas para millones en Europa, luego de la crisis sanitaria.

Romaníes, migrantes, solicitantes de asilo, trabajadoras sexuales, mujeres con discapacidad, mujeres trans, entre otras, viven bajo el riesgo de sufrir los abusos y perjuicios de agentes estatales. Por lo tanto, resulta crítico que los Estados aseguren que las atribuciones policiales no impacten estos grupos.

“Pedimos a los Estados que escuchen las voces de las mujeres y trabajen para que después de la COVID-19 Europa sea un lugar mejor para las mujeres y las niñas” es el clamor de las tres organizaciones por los derechos de las niñas y mujeres en Europa.

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