Delincuencia organizada y buscadores ilegales de minerales destruyen la mayor reserva ambiental de Venezuela

El extractivismo desaforado y la minería ilegal adelantan, a pasos agigantados, la destrucción masiva y sin aspavientos de uno de los territorios más fecundos de Venezuela. El estado Bolívar, cuna de geografías exóticas y de culturas milenarias, también es una geografía rica en hierro, bauxita, mármol, uranio, torio, coltán y de minerales preciosos. ​​Allí la minería de oro se ha convertido “en una actividad imbuida dentro de una gran trama delincuencial organizada”.

SOS Orinoco, una agrupación de expertos dedicado a documentar lo que sucede en la región, afirma que la “trama delincuencial organizada llega a todos los niveles del poder político y militar” a través del proyecto Arco Minero del Orinoco, que explota sin consideraciones ambientales los yacimientos auríferos y de otros minerales de alto valor.

Igualmente, uno de los actores irregulares clave dentro de esa compleja trama son los Grupos Armados Organizados. SOS Orinoco afirma“se registra un enorme aumento de la violencia, asociada a enfrentamientos entre bandas criminales, grupos de la guerrilla colombiana en conflicto por el control de zonas mineras. Han ocurrido numerosas masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, entre otros hechos violentos”.

De esa manera, dentro de los GAO se incluyen a todos los grupos armados no estatales. Las bandas de delincuencia organizada son conocidas como “sindicatos” o “pranato”, las llamadas mega-bandas, y los grupos de la guerrilla colombiana, entre otros. Son los entes operadores encargados del control territorial de las minas, supervisan y fiscalizan a los mineros.

El Arco Minero del Orinoco, que abarca una inmensa extensión de 111.843 km2 es el símbolo de la “destrucción de la reserva ambiental más importante de Venezuela. Consecuencia del “extractivismo, deforestación y tala indiscriminada de grandes bosques y de la minería ilegal por parte de organizaciones criminales”, sostiene FundaRedes.

“La política minera nacional, enfocada principalmente en el llamado Arco Minero del Orinoco, se ha convertido en un salvavidas para el régimen”, advierte el informe de la ONG SOS Orinoco. “Al respecto, es de esperar que las operaciones mineras aumenten en el estado Bolívar, incluso dentro del Parque Nacional Canaima. De hecho, la actividad minera que se está desarrollando en el Arco Minero y las áreas adyacentes dependen en gran medida de la promoción y protección de la minería caótica”.

En manos de delincuentes de alta peligrosidad

Asimismo refiere que las zonas mineras están principalmente bajo el control, o en disputa, de grupos armados organizados. Incluyen a los llamados “sindicatos mineros”, bandas criminales o “pranatos”, mega-bandas y grupos guerrilleros de origen colombiano como el ELN y las disidencias de las FARC, entre otros.

Los “sindicatos” mineros se originaron en sindicatos de la construcción en el estado Bolívar involucrados en prácticas de extorsión. Y trasladaron sus operaciones a la actividad minera debido a la crisis económica y el desplome de las industrias básicas de Guayana.

Explica el documento que el “pranato” es una forma de organización delictiva de Venezuela, originada en las cárceles, donde un jefe o “pran” impone el orden interno. Y controla las actividades ilícitas a través de una estructura de poder jerárquica. Una de las características en común de todos los GAO es el alto poder de fuego, con armamentos y municiones que normalmente superan las capacidades de los cuerpos de seguridad del Estado.

Varios de estos ofrecen «protección» a cambio de que una proporción de los minerales extraídos llegue a sus manos y que constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de estos grupos criminales. Un ejemplo de esto último, refiere SOS Orinoco, ha sido el ELN, que ha cumplido funciones de vanguardia ofensiva en operaciones «contra bandas enemigas»

Se estima que entre 70% y 90% del oro sale del país de manera ilegal, en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno presidencial (Transparencia Venezuela, 2019).

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