Los presos en los 500 calabozos policiales de Venezuela, padecen la violación de sus derechos y de las normas penitenciarias, debido a una orden ministerial
Los presos en los 500 calabozos policiales de Venezuela, padecen la violación de sus derechos y de las normas penitenciarias, debido a una orden ministerial

En Venezuela se violan derechos de 65.000 presos en calabozos de policías

Por una antigua orden ministerial, en Venezuela 65.000 personas son presas de un sistema penitenciario paralelo que es inédito en América Latina y es cada día peor. Allí no hay derechos humanos de hombre o mujer, adulto o adolescente, que sobreviva.

El sistema está conformado por los Centros de Detención Preventiva (CDP) o calabozos de policías, que hacina a los detenidos sin garantías. Desde 2013, por disposición del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, estos retenes funcionan como si fuesen cárceles, pero no poseen condiciones de retención ni presupuesto. En el sistema formal permanecen 40 mil reos, la menor cantidad del total de 110.000 presos.

Es lo que muestra el informe semestral sobre la situación de derechos humanos en los CDP, realizado por la ONG Una Ventana a la Libertad, junto con un grupo de criminólogos y de 13 investigadores venezolanos. Es otra alerta de Venezuela.

En un monitoreo a 203 calabozos policiales y militares, de los 500 existentes, en 15 entidades de las 23 en total, los expertos determinaron que 19.028 detenidos permanecen agolpados en esos espacios que tienen capacidad para albergar solo a 3.734 personas, lo que representa un hacinamiento de 509.58%.

Aunque el porcentaje en sí mismo no es de los peores de América Latina, la situación ha derivado en 149 presos muertos, en diferentes circunstancias. 30 de estos murieron en una cárcel de Acarigua, estado Portuguesa, el 23 de mayo.

La principal causa es “desconocida”. Las fuentes utilizadas para la investigación no proporcionaron información por temor. Le siguen las fugas, los motines y enfrentamientos entre presos, las enfermedades como tuberculosis, y los abusos de funcionarios.

A uno de los presos los funcionarios lo mataron a golpes “y hasta le quitaron las uñas”, según testimonios recogidos en el informe.

“Es una flagrante violación a la vida”, dijo la criminóloga Magaly Huggins, quien presentó el informe.  Y también genocidio, basándose en la opinión del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, pionero en el crimen de lesa humanidad.

Calabozos sin derechos

Los investigadores constataron también que los presos esperan allí hasta cinco años en promedio, que un juez dictamine si son culpables o inocentes, a pesar de que la ley le otorga 48 horas de plazo. Y que se violan otros derechos.

Viven hacinados sin baños: 73% de CDP acumulan basura y excrementos de los presos. Tampoco cuentan con agua ni con otro tipo servicio básico, exceptuado el de la electricidad, cuando esta no se va.

Carecen de comida y comedores. Solo uno de los 203 CDP examinados, puede dar una ración de comida esporádica. Ninguno ofrece comida diaria ni tres veces al  día, y todo depende de lo que puedan llevar los parientes Pero 30% de los presos dijo no tener familiares, según el informe.

“Llego a lamer hasta las sobras del piso cuando tengo hambre”, confesó un preso a investigadores.

En contraste, en 67% de los CDP  se cobran vacunas o coimas por el ingreso de alimentos, bebidas y visitas. “De estos, en 46% se cobra por dejar pasar los alimentos. ¿Pero cuántos familiares pueden pagar? ¿Cuántos cobran con sexo?”, alertó Huggins.

Los calabozos no ofrecen actividades deportivas, por razones de espacio. Tampoco servicios médicos ni medicinas aún para los casos de enfermos crónicos.

“La situación en salud es dantesca”, refirió. En todos los CDP monitoreados se detectaron presos con tuberculosis; 95 con hipertensión y 41 con diabetes. Y en un solo CDP, en el estado Lara, encontraron 80 detenidos con hepatitis.

“Los policías buscan apoyos en médicos amigos, porque están en riesgo de quedar como responsables de la muerte de un preso”, comentó.

“Estos calabozos son depósitos humanos y máquinas violadoras de derechos”, afirmó el abogado criminalista Fermín Mármol García, uno de los expertos en seguridad más activos. “Y nadie dice nada desde el estado comunal porque Venezuela dejó de ser República hace rato”.

Alerta en Venezuela

El informe ya está en poder de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de otros organismos internacionales, según los investigadores. No descartan enviarlo a la Corte Penal Internacional donde hay otros documentos contra funcionarios venezolanos.

La investigación, que comenzó el 5 de enero, estableció que de los 19.028 detenidos en los CDP, 17.659 son hombres, 1.369 son mujeres, algunas de ellas embarazadas, y 15 adolescentes de entre 14 y 18 años de edad.  También detectó que la población de detenidos en esos calabozos policiales creció aceleradamente durante el primer semestre de 2019. ¿La razón? La aprehensión de manifestantes.

De 637 detenidos en los CDP durante el primer trimestre, 586 fueron por protestas políticas, es decir, 92%. Otros 146 (25%) fueron imputados por vandalismo, por supuesto saqueo de locales.

Los CDP se convirtieron en espacios muy utilizados por las fuerzas del orden y seguridad pública ante el ejercicio masivo del derecho humano a la protesta no violenta realizada en todo el país, indica el informe.

Solamente en el mes de enero, el hacinamiento llegó a 367 detenidos en calabozos policiales que tienen baja capacidad: entre 20 y 50 privados de libertad. El caso más preocupante fue Mérida: en el mes de marzo, un CDP con capacidad para albergar 50 detenidos llegó a tener  247.

La orden ministerial

“Lo que allí ocurre en un caos”, advirtió Huggins. Y ocurre desde 2013, poco después que fue creado el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que el 26 de julio cumplió ocho años.  La ministra Iris Valera resolvió que ningún detenido ingresaba a las cárceles dependientes de su despacho, sin su autorización. Y ordenó que fuesen remitidos a los recintos de detención de las policías.

“Se rompió la lógica de lo correcto, se crearon dos sistemas penitenciarios paralelos, y ya es un problema de dirección política de las gobernaciones, alcaldías”, explicó Mármol García. Avizoró una situación equívoca y explosiva: “el sistema puso a convivir al policía junto al que combate, y viceversa”.

El abogado y experto Luis Izquiel presume que el objetivo ministerial fue deslastrarse del problema del hacinamiento en las cárceles y traspasarlo a las policías.

A pesar de que Venezuela aparece en el décimo lugar entre los países de América Latina con mayor hacinamiento en sus cárceles, según el informe de World Prision Brief, de mayo pasado, los expertos no dudan que la situación se complicará.

“Que haya más detenidos en los CDP que en las cárceles no significa que el número de detenidos disminuirá. Aumentará el hacinamiento en Venezuela que ya es crítico”, asegura Carlos Alberto Nieto, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, que elaboró el informe.

Para más información visite Cambio16

Lea también: Todos juntos para enfrentar la trata de personas

Todos juntos para enfrentar la trata de personas

 

 

 

 

Conforme a los criterios de
Saber más

Sobre Olgalinda Pimentel

Areas of Expertise:

Política
Leyes
Derechos Humanos
Medio Ambiente
Sociedad

Location Expertise:

Caracas, Venezuela
Madrid, España
Iberoamérica

Official Title:

Coordinadora y Redactora Editorial de Cambio16

Phone Number:

+34 914 201 199

Email Address:

[email protected]

Avatar
Venezolana radicada en Venezuela. Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Impresos, en la Universidad Central de Venezuela. Coordinadora y redactora editorial en las secciones de Investigación y Venezuela de Cambio16 y Energia16. Con amplia experiencia en el área reporteril y la coordinación y dirección de distintos medios de comunicación impresos. Se ha desempeñado como locutora y productora de contenidos para radio, y profesora de Investigación Periodística y Opinión Pública en las universidades Santa María y Nueva Esparta. Membresía: Asociación de Revistas ARI, Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela (SNTP).

Check Also

La COVID-19 Gran Hermano

¿Puede el uso de nuestros datos acabar en un Gran Hermano?

Un tercio de los ciudadanos –una mayoría en el caso de los alemanes– piensa que estas empresas son malas para la democracia.