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Por Miguel Angel Artola
06/02/2016
La Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013. El texto legislativo otorgaba a las diferentes entidades afectadas plazos para poder adecuarse a la nueva normativa. Por ejemplo, a 10 de diciembre de 2015, todas las administraciones -autonómicas, provinciales y locales- y las sociedades públicas y entidades subvencionadas en todo o en parte con dinero de los contribuyentes (partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos ..) debían tener operativo en la red su correspondiente portal de transparencia. El objetivo, que la ciudadanía tuviera información de primera mano sobre los organigramas, nombres y retribuciones de los cargos y poder evaluar sus actividades. También información “de relevancia jurídica” como las leyes y reglamentos además de todos los datos sobre contratos y convenios así como la evolución de los presupuestos de cada administración.
Sin duda la Ley de Transparencia es un instrumento idóneo para evitar nuevos casos de corrupción ya que al fomentar el control de la ciudadanía se reducen los espacios de opacidad. ¿Cómo podemos saber si las entidades públicas la cumplen y si comienza a dar sus frutos? Pues no es un trabajo fácil porque hasta la fecha ningún organismo es capaz de dar cifras sobre el grado de cumplimiento de la norma.
La propia Ley de Transparencia promovió la creación de un organismo para controlar su cumplimiento. Pero la falta de un reglamento y un régimen sancionador asociado hace que prime el voluntarismo por encima de la obligación. Esther Arizmendi es la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y no tiene reparos en reconocer a Cambio16 que aunque se haya avanzado mucho en los últimos años, queda mucho por hacer para ponernos a la altura de otros países comunitarios. “Tenemos que hacer una inversión en informar a los ciudadanos de la Ley, ya que es cierto que no se conoce, por ejemplo en todo un año el portal nacional ha recibido 4.000 solicitudes de información frente a las 45.000 recibidas en el mismo período por su homólogo británico”, destaca Arizmendi.
Saber cuántos de los 8.220 entes locales, provinciales y autonómicos españoles cumplen a día de hoy con la Ley de Trasparencia se antoja complicado cuando vamos camino del segundo mes en el que la existencia de los portales es ya una obligación. Arizmendi reconoce que muchos ayuntamientos “han dejado todo para el último momento”. Los más pequeños pueden tener justificación. Se necesita contar con una infraestructura informática y personal para introducir los datos y contestar a las preguntas de la ciudadanía, pero los medianos y grandes no tienen excusa. Los que a día de hoy no hayan puesto los medios carecen de toda voluntad política de ser transparentes. Aún tienen unos meses para “ponerse las pilas”. Luego comenzarán a hacerse públicas las listas de entidades incumplidoras y aunque la Ley no contemple claramente sanciones, la imagen que van a dar ante sus ciudadanos no va a ser precisamente buena.
Para los que tienen voluntad pero presentan dificultades técnicas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) han puesto en marcha iniciativas para compartir portales de información genéricos que puedan ser utilizado por los ayuntamientos interesados.
“2016 va a ser el año de las mediciones” sostiene Arizmendi. Para ello el Consejo ha firmado un convenio con la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) para elaborar una metodología única que permita evaluar el grado de cumplimiento de la Ley. Los resultados formarán parte de la memoria anual que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados.
El Consejo ha firmado también seis convenios con Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Rioja, Asturias y Ceuta para tramitar las reclamaciones que, relacionadas con el derecho a saber, presenten los ciudadanos de estas comunidades. Pero todo ciudadano que quiera denunciar el incumplimiento de la Ley tiene abiertas las puertas del Consejo y puede hacer efectiva su queja en el portal web Consejodelatransparencia.es.
Los primeros suspensos
Esta misma semana Transparencia Internacional España en colaboración con el Observatorio de la Contratación Pública presentaba los datos de un detallado informe de seguimiento a los 110 grandes ayuntamientos españoles, comunidades autónomas y parlamentos sobre la obligación legal de publicar los contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP). Y tres de cada cuatro parlamentos incumple la Ley, sólo tres Comunidades Autónomas de 17 hacen caso a la norma y ayuntamientos significativos como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia también hacen caso omiso a la legislación.
No quiere decir que los organismos incumplidores no ofrezcan esa información en sus propios portales de transparencia, pero la Ley obliga a que esa información se encuentre centralizada para que la ciudadanía tenga fácil acceso a la información. Además, entre los incumplidores se encuentra el Congreso y el Senado que paradójicamente son los que aprobaron la Ley. Las únicas Comunidades Autónomas que aprueban son País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha.
2016 puede ser el año de la transparencia en España. El nuevo Gobierno Central deberá aprobar lo antes posible un reglamento que acompañe a la Ley, si puede ser con un régimen sancionador añadido mejor, para evitar interpretaciones como escudarse en no publicar determinada información aduciendo problemas de seguridad nacional o protección de datos.
En Chile, la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, publicada en agosto de 2008, contempla incluso sanciones de empleo y sueldo para las funcionarios que no ofrezcan a la ciudadanía la información que les sea requerida. Una muestra más de que si se quiere se puede actuar con mayor diligencia. A mayor transparencia menos corrupción y visto lo visto en algunas partes de España es evidente que se necesita abrir muchas ventanas para iluminar las zonas más sombrías.
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