POR CAMBIO16
28/09/2017
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Dos relatores especiales de Naciones Unidas han pedido a las autoridades españolas que garanticen que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán el 1 de octubre no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública.
«Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas», dijeron los expertos, precisa un comunicado emitido por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Los funcionarios han expresado preocupación por las tensiones en la comunidad autónoma, donde se ha desplegado un intenso operativo con incautaciones, sitios web bloqueados, arrestos y fuerte presencia policial.
«Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, cortando la información pública y la posibilidad de debate en un momento crítico para la democracia española», han dicho los relatores.
El 21 de septiembre, más de 4.000 policías fueron desplegados a la región autónoma, con una orden del Gobierno de «actuar en caso de que el referéndum ilegal tenga lugar».
«Nos preocupa que este orden y la retórica que lo acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social», dijeron los expertos. «Instamos a todas las partes a ejercer la mayor moderación y evitar la violencia de cualquier tipo para asegurar las protestas pacíficas en los próximos días», concluyeron.
Los expertos han estado en contacto con el Gobierno de España sobre la situación.
¿Qué son los relatores especiales de la ONU?
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de país o temas temáticos en todas partes del mundo.
Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
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