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Guaidó Maduro
Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, declaró que Maduro no podía asumir como presidente

Poderes públicos subordinados a Nicolás Maduro tratan de cercar a Juan Guaidó

Nicolás Maduro ha decidido dar un paso más en su búsqueda de neutralizar a Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Luego de juramentarse como mandatario al margen de la Constitución, negar la entrada de la ayuda humanitaria, desconocer al Poder Legislativo y negarse a efectuar elecciones libres, el “heredero político” de Hugo Chávez parece decidido a mantenerse en el poder de cualquier manera.

Para lograr su propósito, Maduro ha emprendido dos líneas de acción. Por una parte, utiliza la fuerza para acallar la disidencia. Ello bien a través de la presión policial o militar, o mediante el uso de la infraestructura y las finanzas del Estado, aún bajo su control. Por el otro lado, busca recursos “legales” que le permitan tratar de salvarguardar su cada vez más menguada legitimidad ante la comunidad internacional.

Primeras acciones en contra del presidente interino

Maduro y sus principales colaboradores (quienes están al frente del aparato del Estado) iniciaron, casi inmediatamente después de que Guaidó asumiera las competencias del Jefe de Estado, una serie de acciones legales en su contra. Si bien hasta ahora, éstas no se han materializado en su detención, no es menos cierto que han ido escalando en intensidad.

La primera de la acciones fue ejecutada por funcionarios de la policía política. El 13 de enero, un comando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo a Guaidó en la autopista que comunica a Caracas con el vecino estado Vargas. Fue liberado en menos de una hora.

El 29 de enero, el Fiscal General, Tarek William Saab, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia una investigación en contra del presidente de la Asamblea Nacional, por presuntos daños “a la paz de la República, la economía y el patrimonio nacional”.

En respuesta a la solicitud, ese mismo día, el TSJ decretó la prohibición de salida del país y de enajenación de sus bienes contra Guaidó. También le fueron bloqueadas sus cuentas bancarias y cualquier otro instrumento financiero.

El 8 de febrero, el TSJ pidió a la Fiscalía General investigar a los diputados de la Asamblea Nacional que acompañan a Guaidó, por “desconocer” la Constitución y “asaltar” al Estado.

El 11 de febrero, el Contralor General, Elvis Amoroso, anunció una auditoría en contra de Guaidó. Se basó en que éste supuestamente “ocultó o falseó” datos en su declaración de jurada de patrimonio. También lo acusó de recibir dinero de instancias nacional e internacionales, sin haberlo justificado.

Continúa la escalada

El 12 de marzo, el Fiscal Saab anunció una investigación en contra de Juan Guaidó, por su supuesta responsabilidad en la crisis eléctrica que vive Venezuela.

El día 21, organismos de seguridad detuvieron a Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó. Fue acusado, sin pruebas, de ser el jefe de una presunta “célula terrorista”.

Cinco días después, grupos armados arrojaron un artefacto explosivo a la camioneta donde viajaba el presidente interino.

El 28 de marzo, el Contralor Amoroso anunció la inhabilitación política de Guaidó por 15 años (el máximo establecido en la Ley). Para ello, le acusó de realizar 91 viajes no justificados al exterior y alojarse en hoteles de lujo, sin justificar la procedencia de los recursos que utilizó. Adicionalmente, se solicitó una investigación al Ministerio Público, se ordenó la verificación patrimonial y el procedimiento administrativo de multa. Estas acciones se hicieron sin dar a Guaidó derecho a la defensa.

Allanamiento de inmunidad y posible enjuiciamiento

El 1° de abril, el Supremo autorizó el enjuiciamiento a Guaidó. Esto sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley, como el debido Antejuicio de Mérito y sin una audiencia previa. Además, se violaría su inmunidad parlamentaria.

Adicionalmente, se solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente, allanar la inmunidad parlamentaria de Guaidó. La orden fue acatada por esta instancia, al día siguiente.

Las próximas acciones podrían incluir la detención de Guaidó. El presidente interino afirmó que esa acción constituiría un golpe de Estado.

Guaidó se enfrenta a Maduro

El día 5 de enero de 2019, se instaló un nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela. En el acto de instalación, fue elegido Juan Guaidó como presidente de la AN. Ese día, anunció que el Parlamento no prestaría juramento a Nicolás Maduro como presidente para un nuevo período. Justifica la decisión en el hecho de que las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo fueron hechas al margen de las disposiciones legales y sin la participación de la mayor parte de la oposición.

El 10 de enero, Maduro prestó juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia (formado únicamente por magistrados afectos al chavismo). Esta acción es contraria a lo dispuesto en la Constitución, la cual establece que la responsabilidad corresponde a la Asamblea Nacional.

En función de ello, Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, declaró que Maduro no podía asumir como presidente. Por ello, a partir del 10 de enero, habría una ausencia absoluta  en la primera magistratura.

Por todas estas razones, Guaidó apeló a lo establecido en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. Allí se señala que, ante la ausencia absoluta del Jefe de Estado, corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir sus competencias. Fue así como el 23 de enero asumió como presidente interino de la República.

Desde entonces, y cada vez con mayor fuerza, el régimen ha venido emprendiendo acciones en su contra. Verbales en un primer momento, hasta llegar poco a poco a acciones legales que podrían llevar, según analistas, a la detención del presidente interino.

 

Para más información visite: Cambio16

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