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Masacre carcelaria
En la comandancia policial había un total de 540 presos y su capacidad instalada es para 300 personas

ONG responsabiliza a ministra del régimen de Maduro por masacre carcelaria que deja 30 fallecidos en Venezuela

Un conflicto de al menos diez días culminó con una masacre carcelaria. Este hecho dejó como saldo la muerte de 30 presos. Además 26 personas resultaron heridas (siete reos y 19 funcionarios policiales).

El suceso ocurrió en el Centro de Coordinación N° 2 “General José Antonio Páez” en el sector Campo Lindo en Acarigua, estado Portuguesa, a unos 342 kilómetros al suroeste de Caracas.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), estos hechos son responsabilidad de María Iris Varela Rangel, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela. 

Masacre carcelaria se suma a una larga lista

Esta nueva masacre carcelaria se suma a la lista de otras ocurridas en Venezuela.

Un hecho similar sucedió en el 2017, en el sureño estado Amazonas. En esa oportunidad, murieron 39 detenidos.

Así mismo, el año pasado, en el estado Carabobo (centro-norte) se registró un hecho similar, con el saldo de 69 personas fallecidas, entre ellas 67 presos y dos visitantes.

En la comandancia policial de Acarigua había un total de 540 presos. Sin embargo, su capacidad instalada es para 300 personasEllo genera un 180 % de hacinamiento en dicho centro. Así se desprende de las cifras aportadas por el OVP.

Cronología de un conflicto

Luego de la Semana Santa los internos pidieron que dejaran pernoctar a la visita. La solicitud fue negada por el director de la Comandancia General de la Policía de Acarigua el comisionado Guillermo López. A partir de allí comenzaron una serie de enfrentamiento entre internos y funcionarios.

Pasaron las semanas y las visitas fueron suspendidas y con ello además el pase de comida. Los funcionarios policiales de la comandancia indicaban que los presos estaban en huelga de hambre. Sin embargo los familiares desmentían la versión.

Los mismos reos comenzaron a solicitar la presencia de la Defensora del Pueblo, Raquel Vera, y la Fiscal Superior del Ministerio Público, Amarilis Pérez. La intención de los policías de trasladar hacia el Centro Penitenciario Los Llanos (ubicado en Guanare, capital del estado Portuguesa) a Wilfredo Ramos, identificado como el “Pran” de la comandancia intensificó la confrontación.

El término “Pran”, hace referencia a un tipo de líder irregular que mantiene el control de un penal. Según denuncias hechas por diversas ONG’s, esta figura se ha hecho frecuente dentro del sistema penitenciario de Venezuela. Desde el interior de la cárcel, un “pran” tiene control casi total, lo que le permite incluso delinquir.

El 16 de mayo hicieron llegar nueve peticiones a través de una llamada telefónica. De acuerdo a un parte policial, estas solicitudes incluían el cambio del Director del Centro de Coordinación, comisionado Guillermo López. También pedían el restablecimiento del pase de comida y del régimen de visitas.

Ninguna demanda fue concedida. Los presos continuaron pidiendo la presencia de la Fiscal Superior y la Defensora del Pueblo. No obstante, ninguna apareció.

Recrudece la crisis

Desde el 23 de mayo comenzaron las detonaciones y enfrentamientos entre funcionarios y reclusos. Los uniformados querían tomar el control de las instalaciones. A las 6 de la tarde de ese día murió, herido de bala, Wuislandi José Medina Pineda (de 24 años de edad).

Según las autoridades el deceso de Medina Pineda fue consecuencia de una riña. Pero, de acuerdo a los internos, murió a manos de la policía. Este hecho fue el detonante para su alzamiento. Así lo manifestaron familiares de los detenidos.

Durante toda la noche del 23 de mayo y madrugada de 24 de mayo se escuchaban detonaciones en el lugar. Dos videos fueron divulgados a través de las redes sociales. En ellos hablaba Wilfredo Ramos. Se observaba que tenía dos mujeres, quienes imploraban por un diálogo y paz.  Mientras hablaba, tenía una pistola y varias granadas.

A primera hora de la mañana, comisiones de la policía del estado, acompañadas por funcionarios de la Policía Nacional y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron a ingresar al comando policial. En ese momento, fue lanzada una granada. Así mismo se inició un fuego cruzado y se escucharon tres detonaciones más, según reportes de vecinos.

La masacre carcelaria arroja nuevas víctimas

Fue a las 10 de la mañana cuando comenzaron a sacar los cadáveres y heridos hasta el Hospital Dr. Jesús Casal Ramos, de Acarigua.

En la morgue fueron ingresados 29 cadáveres, todos de reclusos. También fueron llevados al centro asistencial siete presos heridos, la mayoría por esquirlas e impacto de balas. Así mismo 19 funcionarios resultaron heridos, muchos de ellos por esquirlas. Ello da un total de 26 personas lesionadas.

Hasta la tarde de este viernes, 24 de mayo, los cadáveres de los internos no habían sido reconocidos. Los demás presos, una vez tomado el control de la comisaría, fueron desnudados y acostados en el patio. Allí se les sometió a una requisa.

Familiares de cada uno de los presos permanecían apostados en las afuera de la comandancia. Estaban angustiados y denunciaban que estaban siendo maltratados mientras eran sometidos a esas revisiones.

Con el preso asesinado el jueves y los 29 de este viernes, dan un total de 30 internos muertos, convirtiéndose en una nueva masacre carcelaria.

Responsabilidad de las autoridades

Humberto Prado, coordinador general de OVP se pregunta quién permitió la entrada de las armas de fuego y granadas que los presos tenían en su poder.

El especialistas responsabiliza a la ministra Iris Valera porque es una de “las causantes del desastre penitenciario. Es quien no permite que los presos sean traslados de los calabozos policiales a los penales”.

Prado manifestó que el Estado debe responder por estos hechos debido a que las víctimas estaban bajo su custodia. Exige una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los acontecimientos.

Agregó que el OVP está informando a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas Michel Bachelet, al Relator de Personas Privadas de Libertad de las Américas comisionado Joel Hernández y al Grupo de Trabajo de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas.

Las causas de estos hechos irregulares es responsabilidad del Estado. Así lo asegura Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

El especialista manifiesta que son las personas encargadas de manejar esta materia quienes han permitido que los calabozos policiales se conviertan en retenes. El hacinamiento y la corrupción producen situaciones extremas, por las que  siguen muriendo presos que están bajo la responsabilidad del Estado.

Para más información, visite: Cambio16

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