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El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en Bucarest
El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en Bucarest, Rumanía, el 11 de enero de 2019. Foto: REUTERS/Inquam Photos/George Calin

Rumanía afrontará una desaceleración económica en 2019 en un marco de alta corrupción

Rumanía ha mostrado un sólido crecimiento en los últimos años, impulsado principalmente por la creciente demanda interna. En 2017, el PIB aumentó casi un 7%, debido principalmente al intenso crecimiento del consumo privado, el aumento de los salarios y la disminución del desempleo.

Sin embargo, el último informe difundido por Crédito y Caución prevé que el PIB se ralentice sensiblemente en 2018 y 2019; en un contexto de enfriamiento de la demanda interna; incremento de los tipos de interés para combatir la inflación y desaceleración de las exportaciones por la debilidad de la demanda de la zona euro.

Elevado riesgo de crédito

El sector financiero rumano, que inició en 2016 una mejora de sus coeficientes de suficiencia de capital y caída de la morosidad, aún está sujeto a un elevado riesgo de crédito. El déficit presupuestario creció en 2016 y 2017; debido a una reducción de los impuestos indirectos y la expansión del gasto público.

El informe de la aseguradora de crédito prevé que en 2018 y en 2019 el déficit aumente aún más debido a las políticas fiscales expansivas; aunque el nivel de deuda pública, en el entorno del 38%, sigue siendo moderado.

Crédito y Caución señala que Rumanía sigue estando expuesta a algunas vulnerabilidades importantes. La burocracia y la corrupción aún obstaculizan el desarrollo económico del país.

Elevada demanda de importaciones

El déficit por cuenta corriente ha aumentado de nuevo por encima del 3% del PIB en 2017. Se espera que crezca más en 2018 y 2019 debido a la elevada demanda de importaciones.

Al mismo tiempo, la moneda está sujeta a cierta volatilidad, y el país sigue siendo vulnerable a las salidas de capital. No obstante, existen algunos amortiguadores sólidos; como las abundantes reservas de divisa internacional, la baja deuda pública y la flexibilidad del tipo de cambio.

Erosión al Estado de Derecho

Rumanía, que ha estado bajo el escrutinio de la Unión Europea durante sus primeros seis meses de presidencia de la UE, estaría “erosionando el Estado de derecho” en caso de que se despenalicen algunas formas de corrupción y se conceda una amnistía a los infractores, aseguraba el presidente de la Comisión Europea el pasado viernes.

El líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, ha sido condenado por fraude electoral. Además, ha estado presionando al presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, para que haga cambios legales.

Pero el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresaba su rechazo; en una rueda de prensa conjunta con Iohannis en Bucarest.

Aunque la Unión Europea se fundó sobre una serie de concesiones, no se pueden renegociar los principios jurídicos, dijo. “De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de derecho”, aseveraba Juncker.

Despenalización de la corrupción

Dragnea niega haber cometido ningún delito. Sin embargo, está inhabilitado para ocupar el cargo de primer ministro y ha estado presionando para que se hagan algunos cambios; como un decreto que garantice amnistía a los presos, incluido él mismo.

Un intento de despenalizar varios delitos de corrupción a principios de 2017 por parte de los socialdemócratas desencadenó las mayores concentraciones en las calles desde la caída del comunismo en 1989.

En noviembre se aprobó un proyecto de ley que anuló las pruebas de escuchas telefónicas; empleadas por la fiscalía en casos de corrupción anteriores. Dicho proyecto fue propuesto por los socialdemócratas y su socio de coalición. Esto podría suponer la suspensión de cientos de condenas, incluida la de Dragnea.

Pendientes del Tribunal Constitucional

De entrar en vigor, el proyecto de ley podría anular de manera retroactiva pruebas interceptadas por los servicios de inteligencia; en nombre de la fiscalía con órdenes judiciales.

Podría suponer la invalidez de cientos de veredictos sobre delitos que van desde corrupción a la trata de personas. El proyecto de ley fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por la oposición de centro y el tribunal podría emitir un fallo a partir de este miércoles 16 de enero.

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