Sequía histórica en Chile dificulta lucha contra el COVID-19

“No ingrese al lago” es un cartel que se observa en un sector del Lago Peñuelas, pero a su alrededor no hay ni una gota de agua. Una vista aérea muestra lo grave de la situación. Otra imagen, en este caso del río Melón, muestra el cauce totalmente seco de lo que en un momento fue un curso natural de agua en Valparaíso que desemboca en el río Aconcagua.

La sequía histórica en Chile, sobre todo en su zona central, llevó los caudales de los ríos a cantidades mínimas y ha secado embalses, en plena crisis del coronavirus SASR-CoV-2. Se estima que en Santiago y Valparaíso, las precipitaciones acumuladas de 2019 representaron un 80% menos que el promedio. En Coquimbo las cifras son aún peores: 90%.

Con ínfimos caudales de ríos y embalses secos, las comunidades se vuelven más vulnerables ante la pandemia.

El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) señala que según diversas fuentes nacionales, hay 147 comunas con decretos de escasez hídrica, 400 mil viviendas rurales sin acceso a agua potable, lo que pone a 1,5 millones de personas, aproximadamente a depender de camiones (cisternas) para satisfacer su demanda de agua para conservar la vida.

“Cuando vender agua potable se ha transformado en un lucrativo negocio, como ocurre en la provincia de Petorca, o en la provincia de San Felipe, ambas provincias pertenecientes a la región de Valparaíso, ¿Quién está fiscalizando este negocio? ¿Quién garantiza que el agua que se suministra en las comunidades azotadas por el despojo, cumple con los estándares de higiene e inocuidad requeridos? ¿Es posible que los aljibes (camiones) se transformen en vectores con ruedas?”, denunció Rodrigo Mundaca de Modatima.

Y ahora en TVN hablando que en 5 años se resuelve el problema del agua en el mundo rural, hablando de atrapa nieblas, es que no hay periodista decente que le pregunte por esto? @modatima_cl @ModatimaMujeres es descaro es demasiado y le dan 50 litros de agua a las personas pic.twitter.com/ijXJHTK3xl

— rodrigo mundaca (@rmunda) April 5, 2020

Sin agua para lavarse las manos en tiempos de pandemia

En Chile, el agua es un bien de uso público, pero su explotación está en manos del sector privado. Cuando los embalses y los caudales de las cuencas estaban en su máximo, los ciudadanos no veían el impacto de lo que los especialistas han calificado como una “legislación laxa”. Ahora con escasez, la crisis ha salido a flote y termina mostrando ciudadanos de primera y de segunda. Unos porque tienen el privilegio de recibir el líquido por tubería o porque pueden comprar un camión. Los otros porque tienen que mendigar una gota.

Hoy con una pandemia por el COVID-19 que día a día suma fallecidos y que en Chile registra este lunes 4.471 contagiados y 34 muertos, mantener las normas de higiene se hace cuesta arriba. Y es una de las principales medidas de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para evitar su propagación.

“Un jabón en las manos no sirve de nada si no se tiene agua suficiente para lavarse”, indicó Matías Asun, director de Greenpeace-Chile, al tiempo de agregar que hoy eso significa no disponer de lo más básico para protegerse del COVID-19”.

En medio de una crisis sanitaria e hídrica, más de 350 mil personas en Chile no cuentan con acceso garantizado al agua. Exígele al presidente Piñera un plan de emergencia para abastecer de agua a los que no tienen NI PARA LAVARSE LA MANOS 👉 https://t.co/26JucHAg89 #SueltaElAgua pic.twitter.com/UXrp8RFsgZ

— Greenpeace Chile (@GreenpeaceCL) March 30, 2020

Tal como ocurre en otros países latinoamericanos, donde camiones cisternas recorren a veces las barriadas para proveer de agua que se almacenan en bidones (pipotes), la escena es común en localidades de Valparaíso. Y “en una situación de pandemia como la de hoy, lo que ocurre pone de manifiesto una vez más que donde existe un modelo de apropiación privada del agua (…) esta condición no garantiza el derecho humano al agua de las personas y fragiliza aún más a las comunidades”.

Violar un derecho humano esencial

La situación de crisis ha llevado a protestas de calles por parte de las comunidades. Una llevó a un centenar de habitantes del barrio El Melón a ocupar uno de los pozos de agua que gestiona la minera Anglo American, una de las multinacionales que explotan cobre en el país. Los manifestantes esperan que el llamado Pozo Nueve se destine al abastecimiento de la zona y no a la actividad minera.

“Vivir sin agua es terrible. Lo peor es que no hay conciencia de nadie, incluso de la misma gente. Me angustia mucho, porque vivir en estas condiciones es humillante”, expresó Dilma Castillo, quien vive en uno de los cerros que rodean a El Melón.

El código de agua de 1981 diferencia la propiedad del agua de la tierra, por lo que hay propietarios de tierra que no tienen agua y viceversa. Según Mundaca, en Chile “el agua se compra, se vende o se arrienda”. Expresa que el gobierno de Sebastián Piñera es partidario del modelo privado de agua e incluso en su gabinete existe un “gabinete hídrico”. También hay senadores que son propietarios de derechos de agua y que con sus votos impiden que el agua sea en la práctica un bien nacional de uso público.

“Con la pandemia del COVID-19 desatada, la privatización de las aguas en Chile es simplemente criminal, no solo porque viola un derecho humano esencial, sino porque además priva de este elemento a hombres y mujeres fragilizando y exponiendo sus vidas en detrimento o en favor de la industria extractiva”.

» #Coronavirus en #Chile: una sequía histórica aumenta el riesgo de contagio» vía @clarincom https://t.co/Js5UstQ0xP

— Greenpeace Chile (@GreenpeaceCL) April 5, 2020

El director general de Aguas del país sudamericano, Oscar Cristi, confirma que los derechos están entregados, pero es el Estado quien gerencia el ejercicio de esos derechos, restringiendo la cantidad de agua que se puede consumir en una cuenca. Un experto en la materia, Andrei Jouravlev, exoficial de asuntos económicos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), afirma que el problema es la forma en que se entregan las autorizaciones y las  condiciones que se imponen.

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