UE y ONU apremian con resolución el respeto de los derechos humanos en Venezuela
Funcionarios de las policías Sebin y Dgcim de Venezuela fueron sancionados por tortura y otras violaciones de derechos humanos.
La crisis venezolana sigue generando resoluciones internacionales contra violaciones de derechos en ese país. La Unión Europea impuso sanciones contra otros siete funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, “por sus vínculos con casos de torturas” y otras violaciones de los derechos humanos. Cuatro, al menos, tienen relación con el asesinato del militar Rafael Acosta Arévalo, en Caracas, en junio.
La resolución aprobada con 455 votos, de 645 países miembros, contempla restringir movimientos, congelar activos y visados, tanto de los sancionados como de sus familiares. Y eleva a 25 el número de personas sancionadas por violaciones en Venezuela. La UE ha expresado su intención de apoyar la defensa de los derechos humanos.
«The #GoodHumanRightsStories initiative is not a club to showcase perfect countries but it can be an incentive to aim higher and to learn from each other (…) that advancing and creating more equal and inclusive societies is possible» @FedericaMog #Stories2Inspire #UNGA pic.twitter.com/YtflVMqFtu
— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) September 27, 2019
También la ONU resolvió investigar las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles o degradantes desde 2014. ONG venezolanas calificaron de histórica la medida.
Con base en el #InformeBachelet y el esfuerzo por documentar casos hecho por las ONG defensoras de #DDHH, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió establecer una Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos –#LaMisionONU
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Explicamos en hilo: pic.twitter.com/4YAYlTUzVt— COFAVIC (@COFAVIC) September 27, 2019
Con estas decisiones, Venezuela cierra la semana con más apoyos decisivos para presionar el cambio político que ponga fin a las violaciones de derechos humanos, por parte del régimen de Maduro.
Sanciones por derechos humanos
La decisión es consecuencia de la Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE, el 16 de julio de 2019, Federica Mogherini.
«La UE está preparada para empezar a trabajar en la aplicación de medidas selectivas, respecto de los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos”, indicó la declaración de Mogherini.
La medida en el caso de capitán Acosta Arévalo restringe la entrada y congela activos de los sancionados por violaciones, en los 28 países de la UE. También a «aquellos cuyas acciones, políticas o actividades minasen la democracia o el Estado de derecho» en Venezuela.
También al alto mando de la policía política Sebin. Estos son: Carlos Calderón, Alexis Escalona Marrero, Rafael Franco Quintero y Hannover Quintero Mijares. Estos dos últimos ejercían altos cargos en la Digcim.
La UE consideró el asesinato de Acosta Arévalo «un ejemplo patente de deterioro de los derechos humanos». Por ello consideró que los siete funcionarios deben ser incluidas en la lista de personas naturales y jurídicas sujetos a medidas restrictivas.
Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzosa, el 21 de junio, tras ser detenido por presunta conspiración,por el Dgcim. Fue trasladado a tribunales, el 29 de junio. Y presentó signos de torturas. Ese día falleció en un hospital.
El 1 de julio, la fiscalía venezolana detuvo e imputó a a un teniente y a un sargento como presuntos responsables del asesinato.
Crece la lista de sanciones de UE
Con estas sanciones, crece a 25 las medidas acordadas por la UE.
Entre los sancionados están Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela; Tarek El Aissami, ex vicepresidente; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia; y Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC.
En noviembre de 2017, la Unión de los 28 impuso a Venezuela medidas de embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, con motivo de las protestas ocurridas ese año. Y también prohibió viajar y movilizar activos de las personas involucradas en hechos.
El comunicado destaca que todas las medidas restrictivas buscan «promover una solución política, pacífica y democrática, mediante la celebración de unas elecciones presidenciales creíbles y transparentes bajo observación internacional». Esto para restablecer la democracia y el estado de Derecho en Venezuela.
ONU decidió investigar violaciones
A las sanciones de la UE, este viernes, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, sumó la decisión de conformar una misión independiente para investigar la violación de derechos humanos en Venezuela. En concreto, este grupo internacional indagará sobre «las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias». También sobre torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014, ocurridos en Venezuela.
La resolución pide que esta misión que será designada por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, sea «enviada urgentemente» al país suramericano.
#HRC42🇺🇳
👇Consejo de Derechos Humanos @UN_HRC adoptó resolución sobre el apoyo a mecanismos nacionales para la implementación, reporte y seguimiento de recomendaciones, instando a los #Estados a establecerlos/fortalecerlos para cumplir con sus compromisos de #DerechosHumanos. https://t.co/VqGxS0YLsK
— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) September 27, 2019
La decisión fue adoptada por el Consejo en Ginebra, con 19 votos favorables, siete en contra y 21 abstenciones. Fue propuesta por Colombia, Perú, Brasil y Argentina, países del Grupo de Lima y apoyada por la UE.
La instancia investigadora presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
La decisión se tomó durante la 42° sesión del Consejo que culmina este viernes.
El 9 de septiembre, cuando se iniciaron las sesiones, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,Michelle Bachelet, presentó la actualización del informe sobre la graves violaciones de garantías en Venezuela, que constató en julio pasado.
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