domingo , abril 5 2020
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Carreteras de pago por uso

Autopistas de pago por uso podrían solucionar el déficit en el mantenimiento vial

“No dejar morir las carreteras”. Este es el llamamiento que la AEC (Asociación Española de la Carretera) ya hacía a finales del año pasado y que repitió a inicios de 2019. Su solicitud apunta a establecer mecanismos de financiamiento que permitan dar un adecuado mantenimiento y mejoras a este patrimonio. Y parte de la solución podría estar en ampliar la red de autopistas de pago por uso, como existen en la mayoría de los país de la Unión Europea.

Por el contrario el año pasado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, hizo un anuncio que dejaba entrever el fin del peaje en varias de las principales vías españolas.

Ante esta realidad, cobra mayor vigencia el requerimiento de la AEC para abrir una reflexión sobre el modelo de financiación de la red de carreteras española. Parten de la necesidad de reducir un déficit de conservación que arrastran las infraestructuras viarias del país, que la propia Asociación estima en poca más de 7.000 millones de euros.

En la solicitud hecha a principios de este año, se hablaba de contemplar, dentro de los presupuestos públicos, la conservación y mantenimiento viarios como gasto social. Se basó la petición en la consideración de las vías de comunicación como un servicio esencial “para el correcto funcionamiento y acceso a la sanidad, la educación, la movilidad de niños y personas mayores (…) así como para evitar la despoblación de las zonas rurales”.

Más seguridad y protección ambiental

Estudios adelantados por la AEC destacan que las carreteras adecuadamente conservadas contribuyen a la reducción de las emisiones a la atmósfera, y propician la disminución de los accidentes de circulación y de las víctimas mortales.

También afirma que repavimentar la mitad de la red de carreteras de España permitiría ahorrar 1.600.000 toneladas de CO2 al año. Esto es lo mismo que emite todo el tráfico de la ciudad de Madrid durante 8 meses.

Destacan así mismo la necesidad de diseñar e implantar un Plan Específico de Seguridad Vial en Carreteras Convencionales. Recuerdan que en estas vías se registran cada año el 75% de los accidentes y de las víctimas mortales. Ello resulta más grave, si se tiene en cuenta que por dichas arterias circula el 40% del tráfico total.

Pero “todo ello requiere afrontar una reflexión sobre el actual modelo de financiación de las infraestructuras y de su adecuado mantenimiento y conservación”, destacó la Asociación en su comunicación al nuevo gobierno.

Autopistas de pago por uso

La gestión privada de las carreteras no es nada nuevo. De hecho, la gran mayoría de los estados miembros de la UE tienen algún sistema de pago en sus vías de comunicación. Y no es fácil mantener una red vial como la española, que cuenta con 166.000 kilómetros. De ellos, 15.000 corresponden a vías de alta capacidad. Y casi todos están exentas de pago.

Esta realidad contradice la tendencia en Europa, donde cada vez son menos lo países que pueden permitirse la gratuidad en las carreteras.

Y también se enfrenta al hecho de que la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas. Se trata de un patrimonio valorado en 145.000 millones de euros.

Ya en 2018 la AEC afirmaba que el déficit para revertir esta situación ronda los 7.054 millones de euros. Esa es la cifra en que la Asociación estima el déficit que acumula el mantenimiento del conjunto de las infraestructuras viarias del país. De ese total, 2.211 millones corresponden a la red que gestiona el Estado. Los restantes 4.843 millones son atribuibles a las vías que administran los gobiernos autonómicos y forales.

En todo caso, la obtención de los fondos para el adecuado mantenimiento de la vialidad sería más justo para los usuarios, garantizaría una mayor eficiencia ambiental del transporte y generaría una fuente estable de recursos destinada a la mejora de la conservación de las carreteras.

Las autopistas de pago por uso pudieran apuntar en esa dirección.

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Venezolano, radicado en Venezuela. Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactor jefe de la sección de energías fósiles y renovables, para las versiones digitales e impresas de Cambio16 y Energía16. Redactor de la revista Cambio Financiero. Amplia experiencia como periodista y productor audiovisual, en la Industria Petrolera y diversos medios y agencias de comunicación. Asesor en el área de comunicación organizacional y vocería. Membresía: Asociación de Revistas ARI, Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela (SNTP).

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