Bachelet señala inconsistencia en data oficial de Venezuela sobre muertes violentas

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido en su informe sobre Venezuela inconsistencia en la data oficial sobre muertes en protestas ciudadanas y en ejecuciones extrajudiciales.

Un ejemplo:  la data oficial en el documento es de 6.856 muertes por violencia policial.  Esto significa 2.791 homicidios menos que los 9.647 registrados por la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, a la que tuvo acceso la Oficina del Alto Comisionado.

Pero también señala el “acceso limitado”a la data oficial para constatar las violaciones, en el lapso de su evaluación desde 2018.

El documento que Bachelet presentó el viernes ante la Consejo Derechos Humanos de la ONU,  reporta violaciones de los derechos civiles, políticos, de la alimentación, la salud y de la libertad de expresión. Y alerta sobre “una crisis que está arrasándolo todo”.

Para ello se basó en numerosos documentos oficiales, informes de fuentes abiertas, legislación y documentación jurídica, informes médicos y forenses, contenidos de medios de comunicación y redes, videos, y fotografías.

“El Alto Comisionado evaluó la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes. También contrastó la información recopilada para confirmar su validez.

«Hay motivos razonables para creer que los patrones que se describen en el informe constituyen violaciones de los derechos humanos”, afirma Michelle Bachelet en el informe

Muertes de inconsistencia

La Oficina de la alta comisionada constata casos de represión selectiva y persecución por motivos políticos desde 2014.  Argumenta que al agudizarse la crisis política, social y económica en Venezuela , las manifestaciones contra el régimen aumentaron a partir de 2014. Y hace énfasis en las protestas de 2017.

Según la data oficial, en 2017 ocurrieron 12,913 manifestaciones, 7,563 en 2018 y 3,251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019 . Sin embargo, según la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), se produjeron 9,787 manifestaciones en 2017, 12,715 en 2018 y 9,715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019.

En 2019, las fuerzas de seguridad no hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones, se indica la información oficial. Sin embargo, en ciertas protestas políticas, la GNB, la PNB, las FAES y algunas policías estatales y municipales hicieron un uso excesivo de la fuerza.

“Colectivos armados  actuaron a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves”, refiere el informe.

«Según el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018 y reportaron 29 personas muertas entre enero y mayo de 2019 . Sin embargo, el OVCS registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018.  Inclusive la Oficina de la alta comisionada registró 66 muertes entre enero y mayo 2019».

“Muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de domicilios en contra de manifestantes”,  precisa.

Resistencia a la autoridad

Al evaluar las “operaciones de seguridad ciudadana” para el control de la delincuencia en Venezuela, el informe señala otra incongruencia en muertes de personas.

Reporta que el número de muertes violentas resultantes de las operaciones como “resistencia a la autoridad”, “es inusualmente alto”.

En 2018, la data oficial registra 5.287 muertes violentas , en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por «resistencia a la autoridad” . El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019”.

“La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

Sostiene el informe que medidas como la militarización y el empleo de civiles en tareas de inteligencia y defensa, ante supuestas amenazas internas y externas, propician numerosas violaciones de los derechos humanos.

“Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos”, se concluye.

Acceso restringido

El informe de Bachelet indica que hubo «acceso limitado» a la información oficial en Venezuela para evaluar la situación de derechos humanos. Sin embargo, ocurre desde hace cinco años en ese país, según advierte.

La Oficina del Alto Comisionado “nota que el acceso a dicho material es limitado, ya que las publicaciones oficiales, incluso estadísticas, han sido escasas e inexistentes en algunos ámbitos, por lo menos desde 2015”.

El documento reconoce el rol de los medios de comunicación en el campo de los derechos humanos y pide poner fin a medidas de censura y se garantice el acceso a Internet y a las redes sociales.

Indica que «ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe medios de comunicación independientes».

También exhorta al régimen de Nicolás Maduro a que se permita el libre acceso a la información de interés publico.

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