Tras los retrasos e incumplimientos en la entrega de vacunas por la farmacéutica AstraZeneca, la Unión Europea anunció que no renovará el contrato con la compañía más allá del mes de junio. La decisión no cae de sorpresa. La UE presentó una demanda contra la empresa el mes pasado por haber incumplido su compromiso de entregar a los Estados miembros las dosis contratadas de su vacuna contra la COVID-19.
Desde hace meses AstraZeneca tiene problemas para cumplir con los repartos estipulados en el contrato con la Unión Europea. «No vamos a renovar los pedidos después de junio. Veremos qué pasa», declaró el comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton. Para el primer trimestre del año la farmacéutica debió entregar 120 millones de dosis a los Estados miembros, pero solo llegó a 30 millones.
Un megacontrato con Pfizer
Para asegurar entregas sucesivas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció la aprobación de otro contrato con Pfizer. En el documento fijan hasta 1.800 millones de dosis entre 2021 y 2023. El acuerdo incluye 900 millones de dosis garantizadas, con una opción de compra adicional por otros 900 millones.
«Estoy feliz de anunciar que la Comisión acaba de aprobar un contrato que garantiza 1.800 millones de dosis con Pfizer/BioNTech para los años 2021-2023», tuiteó Von der Leyen. Con este suministro será suficiente para que la población europea se vacune en su totalidad. Además de que sobren algunas dosis para enviar a los países en desarrollo.
Este sería el tercer contrato de la UE con Pfizer. El primero, que se firmó en noviembre pasado, era por 300 millones de dosis (incluida una opción por otros 100 millones). En enero firmó un segundo acuerdo con los mismos números.
La responsable del Ejecutivo europeo indicó que los próximos pasos en la estrategia de inmunización contra la COVID-19 incluyen la aplicación de inyecciones de refuerzo, lucha contra las variantes y la vacunación de adolescentes.
UE rechaza PCR gratis para el certificado verde digital
Tras la cumbre de la Unión Europea que se llevó a cabo la semana pasada en Oporto, Portugal, más de 20 de los Estados miembro rechazaron la recomendación del Parlamento Europeo de que cada país se encargue de realizar las pruebas PCR gratuitamente a los viajeros no vacunados. Pruebas que se presentarían con el certificado verde digital, un documento que permitiría comprobar quiénes recibieron las vacunas y quiénes no están contagiados. De esta manera, se podrían empezar a levantar las restricciones a la movilidad y al turismo en los países de la UE.
A pesar del rechazo, varios gobiernos se han mostrado a favor del certificado verde para poder recuperar su economía. Incluso, el presidente español, Pedro Sánchez, manifestó que es urgente que se implemente el documento especialmente para fomentar la recuperación económica en el verano.
Hasta ahora no se ha logrado un consenso. No todos los países están de acuerdo con asumir el costo de las pruebas PCR de los ciudadanos que no han sido vacunados. Quienes lo rechazan consideran que no tienen ni los recursos económicos ni la infraestructura logística para ese testeo masivo. Sin embargo, de continuar con el ritmo de vacunación actual, en el verano la población joven no se habrá inmunizado y las repercusiones económicas podrían ser severas. Principalmente porque este es el grupo demográfico que más viaja por turismo durante esta época del año.
Los países de la Unión Europea tampoco se han puesto de acuerdo sobre cómo manejar las restricciones de cada país. El Parlamento consideraba unificar las cuarentenas y los toques de queda en los 27 países, pero varios Estados consideran que cada uno debe mantener la potestad sobre las medidas, pues los territorios tienen condiciones específicas y la emergencia sanitaria avanza de manera diferenciada.
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