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A través de su presidente Manuel Marchena, el Supremo de España respondió a la presidenta del Congreso Meritxell Batet que es responsabilidad parlamentaria ejecutar la suspensión de los diputados secesionistas en prisión preventiva.
A través de su presidente Manuel Marchena, el Supremo de España respondió a la presidenta del Congreso Meritxell Batet que es responsabilidad parlamentaria ejecutar la suspensión de los diputados secesionistas en prisión preventiva.

Supremo a Batet: cámaras deberán decidir suspensión de los procesados

El Tribunal Supremo le negó a la presidenta de la Cámara Baja Meritxell Batet su solicitud de elaborar un informe acerca de la suspensión o no de los cinco diputados independentistas en prisión provisional encausados por el procés, quienes fueron electos el 28 de abril.

En breve respuesta, el presidente de la Sala de lo Penal y del Tribunal Supremo del 1-O, Manuel Marchena, afirmó que la solicitud de Batet acerca de la suspensión es “inviable”. Y se remite a lo señalado en un auto del pasado 14 de mayo. Según el mismo, conforme al reglamento corresponde al Congreso ejecutar la suspensión de los diputados presos secesionistas.

Con esta respuesta a Batet es concluyente que el Supremo no es un órgano consultivo de las Cortes. Y que estas están obligadas a asumir su propia responsabilidad en los casos de los procesados y en prisión preventiva Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva.

Supremo aclara a Batet que la causa seguirá su curso

Aclara igualmente que en este momento el Supremo tan solo puede insistir en los argumentos que notificó en su auto del 14 de mayo. El mismo autorizó la salida de prisión de los procesados para asistir al Pleno de constitución de las Cámaras.

El auto en cuestión fue “debidamente comunicado a la Cámara”. Y el Supremo señala que entiende que contenía todos los datos sobre la situación procesal de los electos encarcelados por rebelión. Y con ello dejar en manos de la Cámara, ahora presidida por Batet, resolver sobre la suspensión. Sin necesidad de que los magistrados instaran expresamente a ello.

“A lo allí expuesto nos remitimos. La causa penal va a seguir su curso. Y es misión del Tribunal salvaguardar los fines del proceso”, concluyó el escrito del Supremo difundido este jueves.

Mesa solicita informe jurídico a letrados de la Cámara

Tras el anuncio de Supremo este jueves, la Mesa del Congreso presidida por Meritxell Batet y con mayoría de izquierdas, optó por dar más largas a una probable suspensión de los diputados independentistas procesados y bajo arresto. Y notificó que en efecto solicitará un informe jurídico a los letrados de la Cámara Baja.

A solicitud de la Mesa, los letrados deberán asesorarla sobre la decisión de suspensión o no de las funciones de los diputados. Para ello deberán también tener en cuenta lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 384 bis y el Reglamento de la Cámara en el artículo 21. Así como la respuesta que en la mañana de este jueves dio oficialmente el Tribunal Supremo a la petición de aclaraciones solicitadas el miércoles por Batet.

Supremo no respondió a la Fiscalía

El Supremo no ofreció respuesta a la Fiscalía, la cual este miércoles se le dirigió en forma paralela a Batet. Pero expresamente para solicitarle que el Parlamento debe proceder a ejecutar la suspensión “inmediata” y “sin más trámites” de los cinco afectados por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

El instrumento jurídico establece que el cargo electo procesado por rebelión y en prisión preventiva “quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo”.

El PP registra ley para prohibir indultos por rebelión o sedición

Mientras tanto, la representación parlamentaria del Partido Popular se adelantó a las probabilidades de que el gobierno de Pedro Sánchez decrete un indulto a los responsables del 1-O. Y este mediodía registró una propuesta de ley que prohíba los indultos por rebelión y sedición.

En efecto, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, consignó la propuesta que se propone forzar a los socialistas a posicionarse. A que reconsideren su ambigüedad. Y que se comprometan a reformar la legislación para evitar decretar un indulto a los diputados en proceso y bajo prisión.

“Hay una honda preocupación en la sociedad española”, subrayó García Egea, quien exhortó a finalizar lo que calificó como “espectáculos dantescos y bochornosos” con la fórmula empleada por los separatistas para “acatar” la Constitución.

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