Un futuro hipotecado

El año en el que la compañía estadounidense había decidido salir a Bolsa para financiarse se enfrenta a un futuro incierto por las restricciones de viaje para hacer frente a la COVID-19

Tras varios años deshojando la margarita, Airbnb había tomado ya la decisión de salir a Bolsa para conseguir el capital necesario para proseguir con su plan de expansión y hacer de una vez por todas rentable la compañía. Pero la pandemia ha destrozado su estrategia y se enfrenta, como todo el sector turístico, a un incierto futuro que puede hacer peligrar su viabilidad. Las pérdidas para la empresa tecnológica estadounidense podrían ser superiores a los 1.000 millones de dólares durante el primer semestre del año y la perspectiva es que los números rojos seguirán aumentando, aunque depende de lo que tarde el sector en recuperarse.

¿Querrán los viajeros retomar sus propuestas de ocio cuando la pandemia termine? ¿Preferirán alojarse en hoteles o en viviendas particulares? ¿Perderán los dueños de las viviendas –anfitriones en el argot de la compañía– su confianza en la plataforma? Son preguntas que se hacen ya los principales directivos de Airbnb con su fundador y consejero delegado, Brian Chesky, a la cabeza, pero que a día de hoy nadie se atreve a responder.

El estado de alarma en la mayoría de los países pilló a Airbnb con el pie cambiado, como el resto del sector, pero a diferencia de una compañía aérea o una gran cadena hotelera, la tecnológica no deja de ser una intermediaria entre la persona que ofrece un alojamiento y la que decide utilizarlo previo pago.

Y Airbnb, sin consultar la decisión con sus anfitriones, decidió de forma unilateral reembolsar cualquier estancia reservada entre el 14 de marzo y el 31 de mayo. Para compensar el enfado de los propietarios, que hasta la fecha habían sido siempre los que fijaban las políticas de cancelación, Airbnb ha creado un fondo de 250 millones de dólares destinados a sufragar parte del coste de estas cancelaciones, hasta un 25% de lo que debería recibir el anfitrión si se aplicase su política de cancelación habitual.

Un fondo de ayuda

Airbnb también ha creado un fondo de ayuda de 10 millones de dólares para promover que los superanfitriones que alquilan su propia vivienda puedan seguir haciendo frente a los pagos del alquiler o de la hipoteca, así como a los anfitriones de experiencias con trayectoria en la plataforma y que necesitan apoyo económico para mantener sus negocios. También van a posibilitar que los viajeros puedan ayudar económicamente a los anfitriones con los que hayan mantenido relación. En definitiva, medidas para evitar que su red de colaboradores abandone el barco y se pueda contar con ellos cuando la situación remita.

Para aguantar la crisis y poder esperar a tiempos mejores, Airbnb ha tenido que recurrir a un préstamo sindicado de 915 millones de euros para seguir manteniendo los más de 220 mercados internacionales en los que opera. Una cantidad que se suma a la inyección de capital ya anunciada antes de la pandemia y protagonizada por Silver Lake y Sixth Street Partners, que le permite contar con otro fondo de 1.000 millones de dólares.

España es uno de los mercados internacionales más prometedores e importantes para Airbnb, de los más destacados dentro de su plataforma. Solo teniendo en cuenta la pasada temporada alta de 2018, de junio a agosto, movió a más de 3,6 millones de huéspedes.

Hace unos meses Airbnb publicó un informe sobre el impacto económico que su modelo de negocio deja en las economías de los países en las que opera. España es el tercer destino por impacto económico, seguido de Estados Unidos y Francia, incluso por encima de Italia. Según la plataforma, en España han generado un impacto económico superior a los 5.800 millones de euros.

Una fiscalidad cuestionable

No es la única empresa que lo hace, ni mucho menos, pero al igual que otras compañías de la nueva economía estira al máximo todas sus posibilidades legales para tributar lo menos posible. Las comisiones que cobra por sus operaciones en España, el porcentaje que abona el anfitrión, que suele ser del 3% del importe del alquiler y la que carga a los inquilinos, que ronda entre el 6 y el 15% dependiendo de la duración del alojamiento, lo factura su filial irlandesa. En nuestro país sólo tributa por sus acciones de marketing y publicidad.

Está por ver también cuál es el futuro impositivo que les aguarda a este tipo de compañías, si van a poder continuar con sus juegos fiscales o finalmente las autoridades europeas van a obligarlas a pagar más tributos para sostener el ingente gasto público que será necesario para reflotar una maltrecha economía. Un gasto público que deberá tener también muy presente al sector turístico y que debería ser aprovechado para apostar por modelos de negocio de más valor añadido y que generen riqueza en las comunidades locales.

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