En Venezuela, el retardo de la justicia penal propicia la compra de la libertad en dólares

En lo que se interpreta como clara señal de ausencia del Estado de Derecho y democracia, en Venezuela la justicia penal no garantiza la libertad, si no se paga. Y en dólares. El sistema está determinado por un torturador retardo procesal propiciado por la corrupción y que cada día socava más los derechos de sus usuarios.

Cualquier preso -y se incluye a los presos políticos- de los 85.000 sometidos a proceso puede pasar hasta cinco años en la mazmorra siendo aún inocente, a falta de sentencia por el retardo procesal. No obstante, la etapa del pase a juicio no debe llevar más de 20 días, según el plazo legal.

Además, el retardo es utilizado en casos por policías, fiscales o jueces para extorsionar. Hasta 15 mil dólares puede costar a un procesado evitar ser enjuiciado y quedar en libertad.

Estos son parte de los resultados del Informe Especial sobre la Situación del Retardo Procesal de Privados de Libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela, que fue presentado este jueves, en Caracas.  Fue realizado por el abogado Leonardo Rodríguez en conjunto con la ONG Una Ventana a la Libertad que coordina Carlos Alberto Nieto Palma.

Informe especial sobre la situación del retardo procesal para los privados de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela #UVLInforma #19sep https://t.co/qwnjUZB1Du

— Ventana a Libertad (@ventanalibertad) September 19, 2019

La investigación recopiló información proporcionada por casi 100 penalistas litigantes, consultados en Caracas y otras tres entidades, entre mayo y julio pasado. También de fallos del Tribunal Supremo de Justicia. Los resultados son determinantes.

Datos de la justicia en Venezuela

“En Venezuela, ser condenado es mucho mejor que ser procesado. El primero tiene más certeza para optar a fórmulas alternativas de penas de reclusión”, advirtió el jurista Alberto Arteaga Sánchez,  expositor en el acto. Afirmó que una justicia que no funciona solo favorece al poder.

De acuerdo con los datos del informe, 49% de los abogados consultados señalaron a la corrupción policial como causa principal del retardo procesal. “En todas las entrevistas este retardo está asociado a situaciones de extorsión por parte de los cuerpos policiales, quienes negocian con los detenidos o sus familiares”, dice el informe.

Un 45% de los entrevistados mencionó el diferimiento o aplazamiento de las audiencias, por falta del imputado, como segunda causa del retraso. Y se atribuye a los funcionarios.

“Esto ocurre a diario”, afirmó Rodríguez. Comentó que el traslado de un preso a un tribunal puede estar tarifado entre 200 y 300 dólares, de acuerdo con los testimonios recabados. La situación se agrava si los detenidos que estaban recluidos en calabozos de Caracas, fueron trasladados a otros centros en el interior del país, o viceversa, alejándolos así de los tribunales de la causa.

.@leonardoenlinea: “El #RetardoProcesal ha dejado de ser una consecuencia, para convertirse en el medio de subsistencia de un sistema de administración de justicia desviado de sus fines” pic.twitter.com/Yc8ZDLjhN5

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“El retardo procesal dejó de ser efecto y es un medio con el que se sustenta un sistema vicioso que se utiliza como mecanismo para extorsionar y poder mantenerse”, señaló el abogado integrante de una coalición de derechos humanos.

Más derechos vulnerados

El informe sobre justicia contempla otros aspectos de corrupción judicial que contribuyen al retardo de los procesos y padecen todos los presos por igual.

Obtener un informe sobre estudio social del detenido está tarifado en 10 dólares y habría que pagar hasta la distribución del expediente para que llegue a un tribunal, según los encuestados, y no es un secreto.

“Esta es una realidad que muestra la vulnerabilidad de los presos. Los precios en dólares se proponen abiertamente, sin recato y si no se paga, ya sabemos qué va a pasar”, afirmó Arteaga.

En Venezuela, la población penal suma 110 mil reos, según cálculos porque no hay datos oficiales. Y 90% de estos pertenecen a sectores desposeídos.

Por otro lado, 32% de los encuestados endosó el retardo a los fallos del TSJ, mientras que 22% opinó que se debe a los espacios inadecuados de los juzgados, así como a la falta de capacitación permanente de sus funcionarios.

En contraste, el TSJ achaca el retardo procesal a problemas de infraestructura, a la falta de personal y de fotocopiadoras, según dijeron los abogados. No conocen que exista un serio estudio oficial por parte de la fiscalía general ni ningún organismo que deba velar por los derechos humanos.

Violación de derechos, menos democracia

La investigación establece que las consecuencias del retardo procesal son el hacinamiento, la muerte por enfermedad o por desnutrición y la violación de por los menos seis de los derechos humanos y garantías de los presos.

También sugiere que permite la “sobrevivencia de un sistema anómalo” que desvirtúa los principios que deben regir el proceso judicial en un país democrático.

Los abogados reconocen que la falta de funcionarios puede incidir en el retardo. Por ejemplo, un fiscal del Ministerio Público que motoriza todo el proceso penal, debe manejar hasta mil 500 casos. Y la mayoría de los procesos no se llevan en libertad. Sin embargo, es muestra de que en la justicia penal de Venezuela no prevalecen valores democráticos.

“En Venezuela, el sistema de justicia penal hace lo que le plazca, y a eso se le suma la falta de políticas penitenciarias y no hay autoridad que lo contenga”, afirmó Rodríguez. “Se está desarrollando un derecho penal colateral”.

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El estudio indica que en algunas sentencias del TSJ dictadas desde el año 2017 ” se subestima el alcance de principios constitucionales. Son el debido proceso, la defensa contradictoria, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en libertad y a la libertad personal”.

Los abogados reconocen que la realidad apunta hacia algo más grave que eso. “El termómetro de la justicia penal es el Estado de Derecho y cuando este no existe, no hay democracia“.

Justicia venezolana: la más débil del mundo

Arteaga reiteró que en Venezuela no hay justicia. “Tan simple y tan grave como eso”. Y que estamos en el foso en el tema de justicia penal  lo corrobora el reporte sobre la situación del Estado de Derecho en el mundo, elaborado por El World Justice Project (WJP) y difundido en febrero pasado.

Según el informe WJP Rule of Law Index® 2019, Venezuela ocupa el último lugar, entre 126 países, en el peor índice de Estado de Derecho, antecedido solo por Camboya, en el lugar 125; y el Congo (124).  Los tres mejores  son Dinamarca, en primer lugar, Noruega y  Finlandia.

El Índice de Estado de Derecho de WJP mide el desempeño del estado de derecho de los países, a través de ocho factores. Estos son: restricciones en los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.

Se indica que más países disminuyeron que mejoraron el desempeño general del Estado de Derecho por segundo año consecutivo. El segundo mayor descenso respecto al año pasado se observó en el área de “Justicia penal”, seguido de “Gobierno abierto” y “Derechos fundamentales”.

El WJP Rule of Law Index es la fuente líder mundial de datos originales sobre el Estado de Derecho, en opinión de expertos. Está basado en más de 120,000 encuestas de hogares y 3.800 de expertos de todo el mundo.

Ante esta situación, los abogados propusieron reorganizar el sistema de justicia penal en Venezuela con urgencia.

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