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El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá durante la presentación del anteproyecto de Ley de Deporte

El anteproyecto de ley de deporte con futuro incierto

Con la disolución de las Cortes y el final anticipado de la legislatura, muchos proyectos del gobierno socialista de Pedro Sánchez quedaron en el aire. Entre ellos, el anteproyecto para la nueva ley del deporte, que aprobó el Consejo de Ministros en febrero y que hasta el 4 de marzo estaba en proceso de consulta pública y que fue tan criticado que recibió hasta 151 propuestas de modificación. 

Según las palabras del ministro José Guirao durante su presentación, este texto pretendía “modernizar una ley (aprobada en 1990) que se había quedado desfasada tanto en la práctica deportiva como el derecho deportivo”. Sin embargo, a pesar de que el foco estaba en temas de igualdad y deporte inclusivo, los aspectos económicos, especialmente los derechos de explotación de las ligas, pasaron a un primer plano.

Para María José López, abogada especializada en derecho deportivo y colaboradora del texto, el anteproyecto, que con el adelanto electoral quedará en un texto articulado a futuro, recogía en líneas generales lo que se “demandaba en 30 años de un texto que no daba respuestas a la sociedad actual”.

Entre esos temas, López destaca “igualdad, inclusión, la figura del y la deportista, ligas profesionalizadas, tema de salud, transparencia, control económico, deporte de mayores, deporte no solo federado, deporte a nivel internacional, derechos de imagen, democratización de las estructuras deportivas, etc.”.

Ley “anti-Tebas”

El artículo 90.2 fue uno de los que más causó revuelo. Fue bautizado como “anti-Tebas”, en referencia a Javier Tebas presidente de LaLiga de fútbol ya que en él se establecía que ningún titular podía explotar los derechos de comercialización de otra liga, algo que suele hacer la patronal con deportes como el ciclismo, el karting o el golf.

Estos deportes suelen ser retransmitidos o tener exposición en OTT, es decir, a través de la transmisión de vídeos, audio u otro tipo de contenido en Internet. Lo hace a través de la marca LaLigaSports.

Incluso, el artículo 90.2 fue objeto de una crítica por parte del propio Tebas quien se preguntaba en un artículo publicado en El País por qué había que cambiar un modelo que aportaba “un 1,37% del PIB”.

“Si usted es titular y comercializa una competición no puede ostentar en la misma manera los derechos de comercialización de otra liga. Es un hecho creo que poco controvertido a no ser que haya servido para hacer ruido”, explica López.

“Hay que añadir que hemos de proteger los derechos de imagen de los deportistas, y habría que analizar si esos deportistas que están cediendo esos derechos, son conscientes del hecho de la mercantilización de los mismos, más allá de sus compromisos en el ámbito de la competición”, explica la letrada.

Para López, no es justo el revuelo que se ha armado alrededor de ese artículo. “El mecenazgo, el patrocinio y la sponsorización pueden encajar en una manera de obtener recursos para el ámbito del deporte. E incluso con fondos privados directamente en programas de desgravación fiscal. Lo otro es mediatizar un debate que debe ser el de una sociedad que es crítica y pretende regular una ley del deporte, a 30 años vista”, asegura la experta.

Una ley “intervencionista”

Otra de las críticas que se le ha hecho al texto es su carácter “intervencionista”, según la calificó Carlos García, el presidente de la Federación de Surf. Para López, lo que se ha hecho en el anteproyecto de ley “es regular esa capacidad del Consejo Superior de Deporte (CSD) de atender y conocer sobre decisiones que afectan a los deportistas y que son a los que como Gobierno no puede dejar de atender”.

Asimismo, tanto las distintas federaciones, como la Asociación de Ligas Profesionales Españolas (ALPE) y distintos agentes relacionados con el deporte español se han manifestado en contra de varias disposiciones del anteproyecto de ley.

Por ejemplo, ALPE, en la que se encuentran  hizo una valoración “muy negativa” del anteproyecto. Dijo que era “muy perjudicial” para todos los que participan en el deporte profesional español ya que supone “un cambio radical en la organización de las competencias del deporte profesional”, según indicó en un comunicado.

Otros colectivos como la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE) también presentó sus alegaciones, ocho en total, con las que pretenden “reducir su extensión y dotarle de un mayor componente didáctico” y, por otro, “mejorar el apartado correspondiente a los técnicos deportivos y abordar los criterios específicos y plazos concretos de una regulación del ejercicio profesional del educador físico y técnico deportivo en el ámbito estatal”.

¿Un proyecto a futuro?

Para López, los aspectos positivos del texto están relacionados con la figura de la regulación de los deportistas, del deportista profesional y de alto nivel. Así como, “la mirada directa a la igualdad, teniendo como base a la Ley de Igualdad de 2007, el deporte inclusivo, el regular actividades deportistas, más allá del ámbito federativo, en la consciencia de nuevas propuestas”, explica.

De igual forma, López destaca “el tema de transparencia, los planes plurianuales deportivos y el instrumento de coordinación entre el Estado y resto de comunidades autónomas”. Sin embargo, todos estos aspectos deberán ser revisados para la próxima legislatura.

Por lo menos, esos son los deseos de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que al conocerse el adelanto electoral dijo que “se ha puesto una dinámica ya de crear una ley. Todos los partícipes en ella están aportando opinión y creo que habrá un parón, evidentemente, pero la dinámica de poner en marcha la ley en funcionamiento ya está en marcha y no se va a parar”. Si finalmente será así, habrá que ver.

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