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Desde 2017, más de 60 venezolanos han desaparecido en el mar Caribe buscando el futuro.
El cálculo es informal, porque las embarcaciones que zarpan de las costas de Venezuela son ilegales y no hay forma de saber cuántos las abordaron y luego desaparecieron en el mar. Lo único que está claro es que tiene que ver con el naufragio económico de Venezuela, según el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero.
El parlamentario preside desde este martes la comisión especial de la AN que investigará los dos naufragios más recientes.
En los últimos 22 días, 58 personas desaparecieron a bordo de dos embarcaciones pequeñas que salieron de las orillas del estado Sucre.
La primera, la Jonaily José, llevaba a 25 balseros hacia las islas de Trinidad y Tobago, ubicadas a 12 kilómetros de la costa oriental del país caribeño, y se accidentó el 21 de abril.
El peñero Ana María trasladaba 33 personas hacia el mismo destino, según Protección Civil (PC) del municipio Váldez de Güiria. Un barco rescató al supuesto capitán de la balsa, de nombre Alberto Abreu, y lo llevó hasta Barbados, pero huyó, asegura Valero.
Los pasajeros proceden de distintos estados del país. En su mayoría son hombres, y las mujeres que viajan son jóvenes, según datos recabados por el parlamentario. Algunas son víctimas de la trata de personas que opera en Trinidad y Tobago, y solo esperan encontrar trabajo y escapar de la crisis.
Pescadores artesanales se han sumado a la búsqueda de víctimas que hace Protección Civil desde el 18 de abril, dos días después del naufragio, pero no ha habido información.
Desaparecidos sin control
“Estos accidentes ocurren con frecuencia, pero no puede precisarse el número de desaparecidos o fallecidos porque esos viajes son ilegales”, señaló el parlamentario. De las costas orientales salen dos o tres peñeros cada día, llenos de gente y kilos de mercancía. Es la versión de los pobladores. Pero nadie investiga.
“No se cumple la ley que exige un permiso de zarpe, un plan de navegación”, aseguró Jesús Vásquez, médico y marino por vocación. “Tengo un yate de 38 pies y la norma no me permite cargar más de 10 pasajeros, pero los peñeros llevan 25 personas”.
“Aquí nadie chequea nada y no existe notificación ni de salida ni de regreso. En el oriente existen los puestos costeros de la GNB pero no cumplen su función”.
Organismos internacionales como Acnur han fijado posición sobre los riesgos de los venezolanos que huyen de su país.
Debido al deterioro de la situación política, económica, de derechos humanos y humanitaria en #Venezuela, ACNUR considera que la mayoría de los que huyen del país se encuentra en necesidad de protección internacional como personas refugiadas. https://t.co/UcWb5rkIk7 pic.twitter.com/pMe186idi1
— Acnur/Unhcr Américas (@ACNURamericas) May 21, 2019
Crisis que lleva
El motivo de los viajes es ganarse la vida. “La gente lleva tamarindo a las islas y se devuelven con harina de maíz que allá compran en 1,20 dólar. Los lancheros cobran hasta 200 dólares por pasajero”.
Entre las funciones investigadoras de Valero está indagar una situación similar que ocurre en Delta Amacuro. “De allí salen embarcaciones, todo el oriente es terrible”.
La crisis arrastra cada vez a más venezolanos con fuerza hacia el mar. Muchos están desaparecidos, según el diputado. “Esa es la manifestación más terrible de la tragedia económica y social. Pero las autoridades guardan silencio”.
Naufragio por salud
El primer accidente con venezolanos reportado ocurrió el 9 de mayo de 2017. La crisis en salud se agudizaba. Tres médicos fallecieron ahogados cuando navegaban desde Trinidad y Tobago hacia Venezuela con insumos y medicamentos para sus pacientes, según el registro en medios locales.
El informe señaló que viajaban juntos con otros tres colegas que sobrevivieron. El grupo había llegado en barco a Trinidad el 28 de abril.
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